El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, una vez que el Tribunal de Cuentas ha concluido la instrucción de las investigaciones contra 42 ex altos cargos independentistas por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable.
Así lo ha asegurado Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado sobre la petición que hacen los partidos independentistas al Gobierno para que la Abogacía del Estado se retire de este proceso.
"El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace", ha explicado el ministro.
Por su parte, la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha limitado ha mostrar el "respeto" del Ejecutivo por estas investigaciones, y ha aprovechado para arremeter contra el Partido Popular por su negativa a renovar también este órgano, cada vez que ha sido preguntada por la petición que están realizando los independentistas de que el Gobierno retire a la Abogacía del Estado de estas causas.
Además, tanto Montero como Campo han evitado valorar la cuantía de la responsabilidad contable inicial que ha reclamado el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
"El Gobierno no se pronuncia sobre resoluciones del Tribunal de Cuentas. Son resoluciones que pueden ser impugnadas en la vía judicial. Aquellas personas que entiende que no se han respetado sus derechos pueden acudir a la vía judicial", ha asegurado Montero, eludiendo responder además a la pregunta de si cree que estas causas son "piedras en el camino" del diálogo, como afirmó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En este sentido, Motero ha esgrimido en varias ocasiones que "lo que tiene que hacer el Gobierno es respetar" las resoluciones y las investigaciones del Tribunal de cuentas. Eso sí, ha recordado que no se trata de un órgano judicial, sino constitucional, cuyas resoluciones se pueden recurrir, como ya afirmó este lunes el presidente Pedro Sánchez.
Renovación del Tribunal de Cuentas
Y a continuación, se ha centrado en exigir al Partido Popular a que proceda a facilitar la renovación de este órgano cuya composición actual caduca el próximo 23 de julio. No obstante, posteriormente ha querido dejar claro que con su llamamiento no quiere decir que la composición actual de este órgano "vaya a alterar" la investigaciones en curso". "Es que para que se produzca un buen funcionamiento del órgano tiene que producirse su renovación", ha apostillado.
La portavoz ha criticado además que el PP tampoco ha facilitado la renovación del Defensor del Pueblo o del Consejo General del Poder Jucidial. En este sentido, ha acusado a los populares de poner obstáculos y boicotear la renovación de los órganos constitucionales con el único interés de que el PP cree tener "mejor mayoría" en estos órganos si no los renueva.
"Un partido político no puede ejercer veto y boicot y respuestas variopintas porque cree que les benefician las mayorías que componen estos órganos", ha denunciado, si bien ha señalado que todavía, hasta el 23 de julio, esperan que el PP rectifique.
A este respecto, preguntada sobre si el Gobierno está dispuesto impulsar alguna medida para facilitar la renovación de este órgano, como ya plantearon con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montero ha afirmado que van a esperar "antes de anticipar ninguna medida o actuación que pudiera corresponder". Fuentes gubernamentales han insistido después en que no hay nada previsto al respecto.
Por su parte, el ministro Campo ha señalado sobre la postura del PP que la democracia son sus instituciones y el funcionamiento de las mismas y que la "demora flagrante no lo está permitiendo". En su opinión, no hay alternativa ni excusa y ha acusado al PP de tener una postura obstruccionista.
El ministro también ha sido preguntado sobre los indultos a los organizadores del 'procés' y sobre sus efectos, y ha señalado que una semana después no se puede esperar que se haya resuelto el conflicto. Eso sí, ha destacado que "las lecturas y toda la información que va brotando pone de manifiesto que la apuesta del Gobierno es por la convivencia.
Mesa de diálogo
Por otra parte, sobre la mesa de diálogo que el Gobierno y la Generalitat quieren reanudar, Montero ha defendido que habrá que dejarla trabajar, si bien ha avisado de que para que avancen sus trabajos, sería conveniente abandonar "posturas que son inútiles, y que no conducen a nada".
"Ya depende también de la otra parte, si quiere sumarse a esa convivencia y concordia, o prefiere estar en otra postura que son inútiles, que no conducen a nada y que generan malestar y frustración", ha enfatizado.
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