Aguirre, Cifuentes, Granados e incluso Ignacio González son nombres que salen constantemente cuando se habla del Campus de la Justicia. Sin embargo, pocas veces sale en los medios el nombre del autor de la idea y de la persona que lanzó internacionalmente una obra megalómana que buscaba llamar la atención de todo el mundo: Alfredo Prada.
Abogado leonés coincidió con Esperanza Aguirre en el Senado. Cuando Aguirre llegó a la Puerta del Sol lo nombró consejero de Justicia. Prada presentó dos proyectos que agradaron a Esperanza Aguirre: La Bescam y el Campus de la Justicia.
El primero era apoyar con dinero la creación de plazas de policías municipales para dar mayor seguridad a los pueblos de la región.
El segundo era construir una macrociudad de la Justicia en los terrenos de Valdebebas y concentrar en ese punto la dispersión de sedes judiciales que vuelve locos a los abogados y al mundo judicial en general.
Eran los años de la abundancia y sobraba el dinero. Las protestas por el mal estado de los edificios de la Justicia eran constantes y también la falta de espacio para almacenar expedientes y papeles.
El Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó una operación que se había hecho ya en muchas ciudades del mundo, como era concentrar todas las sedes en una zona. La promesa era que iba a costar cero euros, una jugada completa.
Pero en vez de hacer un proyecto realista y funcional se invitó a los arquitectos más importantes del mundo a diseñar, y cobrar: cajas de cristal, arte, luz,…
La financiación parecía fácil. Se vendían los antiguos edificios judiciales del centro de Madrid y con los beneficios se podía costear el proyecto. Incluso se vendieron dos a precio de oro.
Se constituyó una empresa y se empezó a contratar a conocidos y militantes del Partido Popular a precio de oro
Personas que conocen el proyecto han explicado que Alfredo Prada en vez de contar con un órgano gestor potente y una persona capaz, tiró de PP. “No se contrató a un ingeniero, ni a un buen gestor. Se hizo, en su mayor parte, con amigos”, explica esta persona.
Se constituyó una empresa y se empezó a contratar a conocidos y militantes del Partido Popular a precio de oro. Los gastos se dispararon pero había dinero a montones.
No había un plan estratégico. La única estrategia era venderlo a la prensa y a los mítines internacionales de promoción inmobiliaria. Se viajó a Nueva York, Munich, Singapur, Milán... a cuerpo de rey.
No había un plan riguroso de financiación. Se iba ampliando capital conforme se vendían edificios en unos tiempos en los que la burbuja inmobiliaria estaba arriba, arriba.
Los edificios fueron adjudicados a los más importantes arquitectos del mundo. Alejandro Zaera-Polo, Richard Rogers, Rafael de la Hoz, Peikoff, Zaha Hadid…
Vino la crisis y el Gobierno de Esperanza Aguirre dejó de vender sedes judiciales, se quedó sin dinero, Prada fue cesado y el campus parado
Se terminaron las obras de la urbanización y a la primera piedra asistió el ‘todo Madrid’ de la Justicia Española… Y poco más.
Vino la crisis y el Gobierno de Esperanza Aguirre dejó de vender sedes judiciales, se quedó sin dinero, Prada fue cesado y el campus parado.
Se gastaron 120 millones de euros en la urbanización, la construcción de un edificio, sueldos millonarios y cerca de 3 millones de euros en vigilar el único edificio para que los chatarreros no entraran y se llevaran todo lo vendible.
Norman Foster recibió más de diez millones de euros sin levantar un solo ladrillo al anularle el contrato para la construcción de dos edificios.
Los técnicos ya habían advertido que el único edificio que se terminó, el Instituto Anatómico Forense, 'el redondo', era excesivamente grande. Se pasaba de los 4.000 metros actuales a los 14.000 que se levantaron.
Las sedes judiciales que había en Madrid en el momento en el que se planificó el campus sumaban 200.000 metros. En Valdebebas se planificaron 500.000 a coste cero, pero que le han costado al contribuyente 120 millones de euros.
Personas que trabajaron dentro de la sociedad que se creó para gestionar el campus denunciaron que los gastos generales eran excesivos y rondaron los seis millones de euros en el año 2007.
Otro de los problemas se produjo a la hora de disolver la sociedad. Los papeles estuvieron en el cajón de un consejero durante años hasta que finalmente se decidió agilizar la desaparición de una empresa que ahora está en la Fiscalía Anticorrupción.
El informe que ha hecho la Cámara de Cuentas explica las irregularidades que se cometieron durante la tramitación del campus y no tiene desperdicio.
Una de las personas que trabajó en el proyecto dijo a este periódico que no creía que nadie hubiera robado directamente. “Simplemente hubo mala gestión, caprichos, amigos, descontrol y hasta robos de ordenadores, y mucho recomendado incompetente…”, añadió.
“De los tres responsables que gobernaron la Consejería de Justicia –añadió- el responsable fue Alfredo Prada, del que por cierto ahora nadie habla…”.
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