España

El juez afirma que el Canal compró Emissao a través de cuentas en “paraísos fiscales”

En un auto de prisión, el juez Velasco narra todas las irregularidades que se cometieron en torno al pelotazo de Emissao. En el año 2013, Inassa -la filial del Canal de Isabel II que gestiona las empresas en América Latina- pagó 21,4 millones de euros por Emissao cuando en menos de un año la sociedad valía una cuarta parte.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sostiene que el Canal de Isabel II compró la empresa Emissao en 2013 a través de “cuentas bancarias no autorizadas” ubicadas en “paraísos fiscales” causando un perjuicio de 25 millones de dólares al patrimonio público madrileño.

Así lo recoge el juez en el auto donde este jueves a prisión a la ex directiva del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond eludible previo pago de cuatro millones de euros y para el exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín prisión que podrá eludir bajo el pago de una fianza de 100.000 euros.  Según ha podido saber Vozpópuli, Martín ha pagado esta mañana la citada fianza y saldrá de prisión esta misma tarde.

Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

En dicha resolución, el juez narra todas las irregularidades que se cometieron en torno al pelotazo de Emissao. En el año 2013, Inassa -la filial del Canal de Isabel II que gestiona las empresas en América Latina- pagó 21,4 millones de euros por Emissao cuando en menos de un año la sociedad valía una cuarta parte. Sin embargo, esa compra se hizo con un informe de la auditora KPMG en contra y sin la autorización de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Además, con la compra fraudulenta de dicha empresa “se renunció a un aval de tres millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización", recalca Velasco.  Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". 

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