La Escuela el Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) se ha convertido en la zona cero del bombardeo lingüístico por parte del independentismo catalán. Allí está matriculado el niño de cinco años cuya familia solicitó el 25% de clases en castellano tal y como obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) convertida en firme tras el aval del Tribunal Supremo. Y allí mismo, a las puertas del colegio, han decidido desplazarse las autoridades educativas catalanas para mostrar su rechazo al fallo judicial y para apoyar las movilizaciones.
La primera protesta está organizada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y por la CUP y pretende celebrarse este viernes a las 16.30 horas, justo cuando salen los niños del colegio. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad en defensa del bilingüismo que asesora a la familia de Canet de Mar, reclama que no se use su caso para convocar manifestaciones, ni a favor ni en contra de la sentencia, y ha solicitado al Departamento de Interior que impida la protesta de los independentistas radicales.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) reclama que no se use su caso para convocar manifestaciones
Según ha podido saber Vozpópuli, el de Canet de Mar no es el primer caso en el que una familia recurre a la justicia para que el centro escolar al que van sus hijos aplique la ley e imparta el 25% de clases en castellano. Desde la AEB señalan que, desde septiembre, varios colegios se han visto obligados a garantizar esa cuota de castellano a raíz de las denuncias de varias familias. Sin embargo, sí es el primero después de que el Tribunal Supremo avale la sentencia del TSJC que, por primera vez, obliga al Govern a garantizar dicha cuota en todos los centros educativos de Cataluña. No solo en los que alguna familia reclame, sino en todos y cada uno de ellos.
El caso de Canet de Mar, ¿cabeza de turco?
En este contexto, el Govern ha puesto en marcha toda la maquinaria mediática e institucional para sortear ese 25% y, según denuncia la AEB, ha convertido a la familia de Canet de Mar en "cabeza de turco". "Temen que en todos los colegios pase lo mismo y están utilizando este caso como 'aviso a navegantes' para que nadie se atreva a dar el paso a solicitar las horas de clase en castellano que corresponden", recriminan.
El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, se desplazó este jueves a la puerta del colegio "para apoyar a la dirección del centro que es a quien interpelan las medidas cautelares del TSJC" y afirmó que la medida "rompe la convivencia en Cataluña". "No hay un problema con las lenguas y el juez ha tomado la decisión sin tener en cuenta la realidad lingüística", ha sostenido, en alusión a que el catalán es una lengua "amenazada" según el Govern. Paradójicamente, el titular de Educación se ha negado a contestar en castellano a los medios castellanohablantes: "Hoy hablo en catalán y que se subtitule".
Sobre las manifestaciones que el independentismo radical ha organizado a la hora de la salida de los niños del colegio, Cambray ha asegurado: "Somos los de la democracia y, por tanto, que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna. Respetamos cualquier manifestación, como siempre hemos hecho".
Además de llamar a la desobediencia, organizar diversas ruedas de prensa y respaldar manifestaciones, el Govern ha puesto en marcha diversas iniciativas para denunciar lo que consideran un ataque al catalán. Tal y como publica este medio, días después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo ha publicado un estudio que revela que los adolescentes de 4º de la ESO hablan más castellano que catalán.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha elaborado una polémica encuesta dirigida a alumnos de Primaria para conocer el uso del catalán que hacen en las distintas asignaturas. Por su parte, desde el Consejo Escolar de Cataluña adelantaron que un grupo de trabajo estaba debatiendo "todo el marco normativo pero en este momento no hay una propuesta cerrada" con vistas a reformar la Ley de Educación Catalana (LEC).
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