España

Cara a cara de Cayetana Álvarez de Toledo con el padre de Pablo Iglesias por tacharle de “terrorista”

Francisco Javier Iglesias reclama una indemnización de 18.000 euros por daños morales

La diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se ve las caras con el padre de Pablo Iglesias en los juzgados. Esto sucede después de que en 2020 la parlamentaria se dirigiera a Iglesias como “hijo de un terrorista”.

Francisco Javier Iglesias, padre del ahora exvicepresidente del Gobierno, decidió denuncias a la política del PP al considerar que había sido vulnerado su derecho al honor. Iglesias padre reclama una indemnización de 18.000 euros por daños morales.

La petición se defiende este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora. Álvarez de Toledo ya señaló en su momento que, “frente a la demanda del padre del hijo”, defendería su derecho “a decir la verdad”.

Uno de los argumentos esgrimidos por el demandante es que el ataque proferido por Álvarez de Toledo se realizó desde el altavoz público que le ofrecía su cargo como portavoz del Partido Popular en el Congreso, y con el objetivo de atacar a un adversario político sin reparar en que el afectado era una persona anónima, sin más interés mediático que el que le proporcionaba ser el padre del entonces líder de Unidas Podemos.

Iglesias defendió a su padre

Iglesias hijo ya defendió a su padre en su momento. Ante la acusación de Álvarez de Toledo, respondió en su cuenta de Twitter después del incidente en el Congreso: “Mi padre jamás fue condenado por terrorismo, sino por repartir octavillas contra Franco. Por tanto, la justicia va a condenar a doña Cayetana y todos los jefes de PP y VOX que dijeron lo mismo”.

Ahora, el juzgado será el que decida si prospera la demanda de Francisco Javier Iglesias, en un proceso sobre el que el padre del exlíder de Podemos ha preferido no pronunciarse de forma pública hasta el momento.

En 2019, Francisco Javier Iglesias ganó un juicio contra el ahora eurodiputado de Vox, Hermann Terstch, que le había relacionado con el asesinato de un policía en 1973. El condenado fue obligado a abonar 15.000 euros y a hacer público el contenido de la condena en su cuenta de Twitter.

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