La Audiencia Nacional ha revocado el permiso concedido por Instituciones Penitenciarias al preso de ETA Jon Crespo Ortega, condenado a 25 años de prisión por diversos delitos, por lo que el terrorista deberá reingresar en la cárcel. No es el único caso en fechas recientes donde se ha producido un choque de criterios entre la Justicia y el Ministerio del Interior: el pasado mes de octubre, la Audiencia tomó una decisión idéntica sobre el también etarra Unai Fano Aldasoro. La decisión se conoce en un contexto marcado por las revelaciones hechas por la Guardia Civil sobre los contactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el entorno de los presos para gestionar su acercamiento a centros penitenciarios próximos a País Vasco y Navarra.
El colectivo Etxerat, formado por familiares de presos de ETA, informó este jueves de que Jon Crespo Ortega tiene que volver a la cárcel vizcaína de Basauri después de que la Audiencia Nacional estimase un recurso interpuesto por la Fiscalía contra la progresión a tercer grado del preso concedida por Instituciones Penitenciarias. El etarra ingresó en prisión el 18 de noviembre de 2002 y cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de colaboración con banda armada, daños, lesiones, desórdenes públicos y tenencia de explosivos. En su historial figuran ataques con cócteles molotov contra la sede del diario El Correo y diversos episodios relacionados con la kale borroka, entre otros.
El Ministerio del Interior informó en diciembre de 2020 de su traslado del centro penitenciario Murcia II a la de El Dueso, en Cantabria, y aseguró que Jon Crespo aceptaba “la legalidad penitenciaria” y había presentado “un escrito en el que expresa su desvinculación de la violencia y admite el dolor causado y su empatía con las víctimas”. Ese mismo día, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que las cartas en las que los terroristas admitían el dolor causado formaban parte de una estrategia de “falsos arrepentimientos” para lograr el acercamiento a cárceles cercanas al País Vasco y Navarra.
La decisión de la Audiencia
Crespo Ortega cumplía actualmente su condena en la cárcel de Basauri. Instituciones Penitenciarias le concedió la progresión a tercer grado en octubre de 2021, antes de que se transfiriesen las competencias de prisiones al Gobierno vasco. Ahora, tras cuatro meses de permiso penitenciario, se ordena su reingreso en la cárcel de Basauri, después de que la Audiencia Nacional haya dejado sin efecto el tercer grado. El diario Naiz apunta que Crespo Ortega ha vuelto a la cárcel de Basauri en la mañana de este viernes.
El caso de Jon Crespo Ortega es similar al de Unai Fano Aldasoro, que en septiembre de 2020 pasó del centro penitenciario de Soria al de Bilbao. Se le condenó a 20 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos, tenencia de armas, robo y hurto. En enero de 2021 progresó a tercer grado, a propuesta del centro penitenciario y con el visto bueno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero ocho meses más tarde la Audiencia Nacional revocó su permiso y ordenó su reingreso en la cárcel.
Prisiones, en el foco
La última decisión tomada por la Audiencia Nacional llega en un momento marcado por las revelaciones de la Guardia Civil sobre los contactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el entorno de los presos de ETA para gestionar su situación penitenciaria. Uno de los nombres que se repite con frecuencia en el informe del Instituto Armado es el de Ángel Luis Ortiz, director de Instituciones Penitenciarias, desde donde se firmaron los permisos que ahora frena la Audiencia Nacional.
Como consecuencia de las publicaciones sobre este informe policial, colectivos de víctimas, policías y funcionarios han arremetido contra el Ministerio del Interior y, más en concreto, contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. La última en sumarse a la petición de dimisión es la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) que denuncia que Ortiz ha llevado a cabo una gestión "nefasta" y que esta haciendo especial daño al colectivo con la política de acercamiento de presos. "Hoy sentimos que Instituciones Penitenciarias ha sido utilizada por un fin partidista y que ha sido manchada de sangre", reza la Asociación en una nota.
En conversación con este medio, la asociación asegura que se está deteriorando la imagen de una Institución que ha luchado mucho en las últimas décadas en lo que respecta a la política de dispersión. Al hilo recuerdan que muchos funcionarios de prisiones han perdido la vida y que el secuestro más largo de ETA fue también de otro funcionario de prisiones, como es José Antonio Ortega-Lara. Las últimas investigaciones de la Guardia Civil en relación al entorno de los presos evidencian, según explica, que la Institución tiene un rumbo "muy político" y afronta un deterioro "irreparable".
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