Un hurto de más de 400 euros lleva asociado en el Código Penal español una pena de seis a dieciocho meses de cárcel. Y si alguien que comete ese mismo delito incluye uno de los nueve agravantes, como por ejemplo que se trate de cable de un servicio público o que se utilice a menores en el hurto la pena se eleva hasta los tres años de cárcel.
Por eso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aseguró en un desayuno que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) está "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador", y que ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.
Y un ejemplo de esto fueron los exdirectivos de las cajas gallegas: José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, que fueron condenados por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Y pese a ello, sólo fueron condenados a dos años de cárcel. El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tiene una condena de cuatro años y medio por gastar con su tarjeta 'black' de Caja Madrid miles de euros.
"La mayoría de los presos han cometido pequeños delitos, que desde el punto de vista del Código Penal son muy duramente castigados", explica a Vozpópuli el presidente del mayoritario sindicato de funcionarios penitenciarios Asociación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), José Luis Pascual.
49.882 reclusos
Los datos oficiales y referentes a agosto de 2017 y que fueron facilitados por el Congreso de los Diputados al Grupo Parlamentarios de Podemos coinciden con la conclusión de José Luis Pascual. La mayor parte de los delincuentes recluidos en los centros penitencias no son políticos, como es el caso de Oriol Junqueras y los exconsellers, sino los autores de robos y hurtos de pequeñas cantidades de dinero.
De los 49.882 reclusos (3.750 mujeres) de las cárceles españolas, 19.602 (1.459 mujeres), casi un 40% están condenados por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como por ejemplo son los robos, los hurtos, las usurpaciones, las defraudaciones, la estafa o la administración desleal.
"Aunque en los delitos contra el patrimonio también hay casos que implican grandes cantidades de dinero, la mayor parte de los reclusos están sin libertad por haber cometido robos y hurtos de pequeñas cantidades", resalta el presidente de ACAIP, José Luis Pascual.
Este funcionario considera que el legislador ha decidido por endurecer las penas contra los delitos que tienen una incidencia más directa sobre los ciudadanos: "Aunque con el paso de los años se ha visto que quizá los que crean mayor alarma social son los delitos cometidos por los grandes directivos y políticos", completa este funcionario de prisiones, que sostiene que los grandes delitos no han visto aumentados de forma significativa los años de cárcel.
12 años de cárcel
Los delitos contra la salud pública, los relacionados con el tráfico de drogas, son los segundos en el 'ránking' de presos en España con 10.109 personas (1.235 mujeres). En el grado máximo, si los condenados forman parte de una organización criminal, la pena puede llegar a los 12 años de cárcel.
Los delitos y faltas por violencia de género (4.216, entre los que hay 14 mujeres) y los realizados contra la libertad sexual (3.257, de los que hay 49 mujeres) también tienen gran importancia entre los reos.
Asimismo, hay una importante población reclusa condenada por homicidios (3.770, de los que hay 305 mujeres) y lesiones (un total de 2.441, de las que 148 son mujeres).
Los delitos contra el orden público (1.820, de los que 129 son mujeres) son los siguientes en importancia, aunque el presidente del sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones llama la atención en el alto número de presos por delitos contra el tráfico viario. En concreto son 1.228 (39 mujeres).
Menos de mil reos
Con menos de mil reos están otros delitos de mayor trascedencia social, como por ejemplo contra la Administración de Justicia (819, de los que 110 son mujeres); y falsedades (722-95 mujeres).
Contra la libertad (653 y 45 mujeres); contra la Administración y la Hacienda Pública (263, de los que 22 son mujeres); las relaciones familiares (232 y 19 mujeres); las faltas (un total de 47 personas, de las que 6 son mujeres); y contra el honor (3 hombres) cierran la estadística, que incluye a 609 personas entre los que no se especifican los delitos cometidos y a 51 presos de los que no constan sus faltas en la estadística facilitada al Grupo Parlamentario de Podemos.
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