El 22 de julio del 2012, dos destacados líderes de la disidencia cubana, Oswaldo Payá y Harold Cepero, murieron en la carretera que une La Habana con la localidad de Bayamo en la isla. El régimen de Castro calificó lo ocurrido como un accidente de tráfico y condenó por un delito de homicidio involuntario al conductor del vehículo en el que viajaban Payá y Cepero: el español Ángel Carromero.
Los hechos provocaron un intenso conflicto diplomático entre La Habana y Madrid por la repatriación de Carromero, un joven dirigente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid por aquel entonces.
Así se contó la historia. Once años después, sabemos que no fue así.
Cuba intervino en el accidente
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha emitido esta semana un informe sobre el caso 14.196 en el que condena severamente a Cuba por varias violaciones de los derechos humanos relativas a este suceso. La investigación de la CIDH se abrió hace casi diez años a petición del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. La conclusión es demoledora.
"La Comisión considera que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales (cubanos) tuvieron participación en la muerte de los señores Payá y Cepero", dice el informe. "En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado (cubano) es responsable por la violación del derecho establecido en el artículo I de la Declaración Americana en perjuicio de Oswaldo Payá y Harold Cepero".
Esta versión corrobora punto por punto la que Carromero contó cuando pudo salir de Cuba. Lo que ocurrió, dijo, es que el coche fue embestido violentamente por otro vehículo que testigos protegidos identificaron como de la seguridad del Estado cubano. No era la primera vez que pasaba. Payá había denunciado meses antes el impacto de un vehículo cuando viajaba con su esposa del que salieron milagrosamente indemnes.
Detención "ilegal" de Carromero
En La Habana, sin embargo, Carromero grabó un vídeo admitiendo que conducía con exceso de velocidad cuando se produjo el accidente en el que fallecieron Payá y Cepero. Esa confesión se obtuvo bajo coacciones, tal y como el CIDH también reconoce.
"Estoy contento, porque once años después se sabe que lo ocurrió fue un asesinato en el que participaó la seguridad del Estado cubano", dice Carromero a Vozpópuli. "Yo soy el menos importante en esta historia, porque sigo vivo. Pero a los familiares de las víctimas no se les puede restituir de ninguna forma. En lo que a mi respecta queda constatado que se violaron todos y cada uno de mis derechos".
Efectivamente, la OEA reconoce que la detención de Carromero fue "ilegal y arbitraria". El informe denuncia las condiciones en las que estuvo privado de libertad: sin atención sanitaria o malnutrición, entre otras. En conclusión, se violaron sus más elementales derechos.
"Es un fallo histórico", explica. "Todo el mundo que pudiera tener alguna duda de lo que pasó aquel verano del 2012 se tiene que dar cuenta de que lo que pasó fue un crimen de Estado".
Margallo: "No se cedió nada"
El fallo de la comisión ha pasado relativamente desapercibido en España. Pero en su momento era portada de diarios e informativos. José Manuel García-Margallo era el ministro de Asuntos Exteriores cuando sucedieron los hechos. A él le tocó negociar el regreso de Carromero a España. Según explica, lo hizo sin contrapartidas en un diálogo a cara de perro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.
"Yo me centre única y exclusivamente en sacar a Carromero de Cuba. "Y te puedo decir que se consiguió sin contraprestación alguna", recuerda García-Margallo sobre aquellos días. "No me mezclé en lo que había pasado o dejado de pasar, porque me parecía que eso era complicar la salida de Carromero".
Carromero sostiene que España tuvo que reconocer la sentencia del tribunal de Bayamo como legítima para permitir su regreso. Margallo lo niega. "No es verdad que se reconociera la sentencia", afirma el ex canciller español. "Simplemente no se entró en esa cuestión".
El silencio que rodea al contenido de este informe en nuestro país contrasta con el eco que ha tenido especialmente en Miami (Estados Unidos), epicentro del exilio cubano. La muerte de Payá y Cepero ha sido objeto de seguimiento por parte de congresistas tanto Demócratas como Republicanos. De hecho, el informe del CIDH estaba listo en diciembre del año pasado. Y no se ha publicado hasta junio del 2023 por supuestas presiones de Cuba y sus aliados en la región para rebajarlo. "Si esta es la versión rebajada, no quiero imaginar como sería la original", señala Carromero subrayando la contundencia de las acusaciones a Cuba.
El Gobierno de Sánchez guarda silencio
A pesar de ello, no se prevén consecuencias de forma inmediata para Cuba. La vinculación de la isla al sistema de la OEA no es completa. Y jurídicamente no hay mucho que hacer. Pero Carromero cree que el documento será de utilidad para la familia de Payá y Cepero cuando llegue la democracia.
"De momento esto sirve para poner a Cuba frente al espejo de la comunidad internacional", señala Carromero. "Y en el momento que caiga la dictadura este fallo obligará al gobierno democrático a resarcir a los familiares de las víctimas".
Vozpópuli se ha puesto en contacto con la ex ministra Carmen Montón, embajadora de España ante la OEA para conocer su opinión sobre el fallo. Montón derivó la pregunta a la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid. El ministerio de José Manuel Albares tampoco ha valorado el informe a pesar de las reiteradas preguntas de este diario.
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