Miriam González, abogada y fundadora de la plataforma España Mejor, ha enviado una dura carta a la Defensora del Pueblo Europeo de la UE, Emily O'Reilly, para denunciar la "falta de transparencia" de la Comisión Europea en cuanto a las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En ella, González expone una queja formal a la institución que media entre PP y PSOE desde el pasado enero. Comienza diciendo que la renovación del organismo es "esencial para la independencia del poder judicial en España" y también una "cuestión constitucional".
Sin embargo, apunta que la Comisión "ha optado por mediar entre tan sólo dos partidos políticos y en condiciones de total opacidad" y que "mi los jueces, ni el Parlamento, ni los demás partidos políticos o la sociedad civil, están incluidos en las negociaciones o informados sobre ellas".
"Nadie sabe lo que se está negociando"
González hace hincapié en la opacidad y que "nadie sabe ni lo que se está negociando exactamente, ni las posiciones negociadoras de cada una de esas partes, ni el procedimiento de negociación o los ámbitos de acuerdo y desacuerdo".
Explica que la Comisión "ha presentado su papel de mediación como un "diálogo estructurado" para aplicar las recomendaciones de los Informes 2022 y 2023 sobre el Estado de Derecho en España", pero que es "perverso que este mecanismo se esté utilizando precisamente para el propósito contrario: excluir la transparencia e impedir el escrutinio del Parlamento español y la sociedad civil española" y no como instrumento de buen gobierno.
"El comportamiento de la Comisión también contrasta con su compromiso con la transparencia", continúa, "en ámbitos de menor importancia, que no afectan a las libertades fundamentales ni a asuntos constitucionales como sus negociaciones comerciales", recalcando la paradoja de que "que no se aplica a sí misma" en esta negociación.
"La falta de transparencia de la Comisión no sólo abarca la participación de los dos partidos políticos españoles (a los que ni siquiera se ha pedido que revelen sus posiciones negociadoras), sino que también se extiende a la propia posición de la Comisión en el proceso", critica González.
Pone "en riesgo" el Estado de Derecho europeo
González asegura en su misiva que, además de la falta de transparencia, la Comisión "está poniendo en riesgo su propia posición como garante de los Tratados y el Estado de Derecho europeo" al pedir "una solución de 'dos partes'", pues en su opinión "enmascara el hecho de que una de esas dos partes incluye una renovación del CGPJ que viola los estándares de independencia judicial europeos".
En su lugar, cree la autora de la carta, la institución debería "centrarse únicamente en si España está cumpliendo con los estándares europeos sobre independencia judicial (que exigen que los jueces representen a la mayoría del CGPJ y sean elegidos por los jueces)".
En este sentido, cree que se está "creando un preocupante precedente al aceptar que violaciones de los estándares del Estado de Derecho puedan contar con la aprobación de la Comisión siempre que se hagan de forma (esperemos) temporal".
"No somos ciudadanos de segunda"
"Ni que decir tiene", añade, "que la Comisión carece de base legal para solicitar una renovación del CGPJ que viole los estándares europeos de independencia judicial aunque sea de forma temporal".
"La gestión de esta mediación por parte de la Comisión supone una grave falta de respeto hacia todos los españoles, que tienen derecho a ser informados de todos los asuntos que afecten a sus derechos constitucionales y libertades fundamentales", asegura.
En su opinión, "los ciudadanos españoles no somos ciudadanos de segunda cuyos derechos constitucionales puedan ser ignorados a voluntad de la Comisión", y si esta "interfiere en el cumplimiento de nuestro derecho constitucional a un poder judicial independiente, debería hacerlo de forma transparente y permitir el debido escrutinio del Parlamento español, los jueces, todos los partidos políticos y de la sociedad civil española", finaliza.
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