Una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela las actuaciones de un “cártel” de empresas armamentísticas para manipular las licitaciones públicas del Ministerio de Defensa y obtener un mayor beneficio en los concursos. El documento detalla que estas empresas y una serie de directivos –a los que se les ha impuesto sanciones por un importe acumulado superior a los 6 millones de euros- adulteraron durante años más de cien procedimientos de contratación que afectaron directamente al departamento que ahora dirige Margarita Robles.
El origen de las pesquisas se remontan a una denuncia interpuesta por INDRA el 11 de marzo de 2021 por la posible existencia de un acuerdo entre dos empresas del sector, Star Defence Logistics & Engineering S.L. (SDLE) y Comercial Hernando Moreno Cohemo, S.L.U. (COHEMO) para el reparto de dos contratos licitados entre mayo y septiembre de 2019 por el Ministerio de Defensa.
A partir de esa denuncia, la CNMC lanzó una serie de requerimientos y abundó en un complejo entramado que alcanzaba a más sociedades y directivos. De acuerdo a sus investigaciones, el cártel de empresas armamentísticas se ponía de acuerdo para repartirse o concursar bajo términos previamente pactados en licitaciones relacionadas con vehículos militares terrestres blindados y acorazados: en España, los Leopard (en sus diferentes versiones), los Pizarro, los vehículos BMR y los VEC, y adicionalmente el Centauro.
La CNMC destaca que en el sector de mantenimiento de estos vehículos militares destacan un puñado de empresas españolas: “Las principales empresas activas en el mercado de suministro, mantenimiento y modernización de vehículos militares son precisamente tres de las cuatro empresas incoadas en este expediente: Cohemo, SDLE y JPG”, señalan desde la institución. Todas ellas operarían en un sector que, sólo en el año 2020, facturó 35 millones de euros.
104 expedientes de Defensa
Según los datos recabados por la CNMC, 113 expedientes se han visto afectados por las prácticas investigadas a este cártel de empresas. Nueve de ellos, del 2014, ya se considerarían prescritos. Así, los expedientes afectados son 104, correspondientes a 13 acuerdos marco –y sus correspondientes 81 contratos basados en acuerdos marcos-, y otras diez licitaciones.
La resolución profundiza a través de 195 páginas en las relaciones establecidas por las empresas investigadas para “manipular” las licitaciones públicas, estableciendo entre sí las condiciones previas para actuar en ventaja ante la administración; en este caso, el Ministerio de Defensa, que a través de sus diferentes órganos de contratación lanzaba los procedimientos de contratación.
La investigación recoge extractos de conversaciones de WhatsApp entre directivos de las empresas. Entre los extractos, destacan frases como “Es mejor verlo entre las tres partes” o “Hablando se entiende la gente”, que evidenciaría las relaciones previas para acordar las condiciones en las que se presentaban a los concursos públicos. También se preguntaban entre sí: “¿Os presentáis a esto?”, o “¿Puedes venir a hablar del Centauro?”. También compartían entre sí información sobre las propuestas que presentaban al Ministerio: “Ya tenemos la oferta hecha”.
De este modo, la CNMC considera que hubo una infracción “única y continuada, constitutiva de cártel”, consistente en un acuerdo para el reparto de las licitaciones convocadas por el Ministerio de Defensa para el suministro, mantenimiento y modernización de vehículos militares en España entre enero de 2016 y junio de 2021. También establece una infracción en los mismos términos por un lote para la adquisición de contenedores de campamento convocado igualmente por Defensa en 2021.
Por todo ello, ha impuesto dos sanciones por un valor total de 1.517.944 euros a COMERCIAL HERNANDO MORENO COHEMO, S.L.U., por la cual su matriz HERNANDO MORENO CARTERA DE VALORES, S.L. responde solidariamente por 291.103 euros por la primera infracción y por 384.855 por la segunda.
A STAR DEFENCE LOGISTICS & ENGINEERING, S.L., otra por valor de 3.302.912 euros; a GRUPO DE INGENIERÍA, RECONSTRUCCIÓN Y RECAMBIOS, JPG, S.A., 1.304.220 euros; y a CASLI, S.A. y solidariamente a su matriz INVERSIONES CERTIN 5, S.L., 100.000 euros.
Por último, la CNMC impone sanciones a seis directivos de las anteriores empresas, que oscilan entre 5.000 y 52.000 euros. Y, además, exhorta a las empresas infractoras a que en el futuro se abstengan de realizar conductas semejantes a las tipificadas y sancionadas en la presente resolución.
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