El Partido Popular ha emitido este lunes un extenso comunicado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que desvela que Pablo Casado tomó la decisión de levantarse de la mesa el 14 de agosto y así se lo comunicó su equipo negociador al Gobierno.
Eso supone que dicha decisión se produjo tres días antes de que Casado destituyera a su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien el 17 de agosto habló de un posible acuerdo inminente sobre el CGPJ y que su oposición a ello había sido una de las causas de su caída en desgracia. Esta tesis es la que ha tomado ahora el Gobierno de Pedro Sánchez para culpar al PP de la falta de acuerdo.
Desde Génova se ha hecho una pormenorizada cronología de la negociación sobre el CGPJ. Todo empezó el 6 de junio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitaron a Casado iniciar conversaciones para la renovación de los órganos institucionales.
El presidente del PP encomendó las conversaciones al secretario de Justicia del PP, Enrique López, que durante el mes de julio avanzó en la elaboración de una “Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia”, como paso previo a las negociaciones. En este punto, el PP recuerda que el PSOE rechazó el 20 de diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el PP y aprobada por el Senado previamente.
El siguiente paso se produjo el 22 de julio cuando Pedro Sánchez propuso "por whatsapp" a Pablo Casado los interlocutores para "avanzar" en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales, "que fueron aceptados con una escueta respuesta" del propio Casado "sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión". El 28 de julio, el pleno del CGPJ informó de estas conversaciones que fueron confirmadas tanto por el PP como por el PSOE.
La salida del Emérito cambió todo
Las tornas cambiaron a principios de agosto. El día 3 del pasado mes, la Casa Real anunció la salida de España de Juan Carlos I, lo que motivó "un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno (Pablo Iglesias) al Rey Don Felipe".
El PP se queja en este punto que Casado, en calidad de líder de la oposición, "no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno" de la partida del rey emérito, momento en el que transmitió a Moncloa "que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado".
Una semana después, el 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular mientras "intensificaba" sus críticas "al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con ERC a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña".
Por todo ello, el 14 de agosto, Casado transmitió al Gobierno, "a través de una reunión presencial de sus interlocutores", que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado "si Podemos tenía cualquier papel en ella".
Además, el pasado 2 de septiembre, el líder del PP se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa, un hecho que "lo hizo público en una larga comparecencia de prensa".
El comunicado del PP hace hincapié en que "la transparencia y la responsabilidad institucional han regido todo este proceso por parte del principal partido de la oposición, a pesar de las insólitas filtraciones manipuladas en los medios de comunicación" por parte del Ejecutivo, una alusión a la información de este lunes de El País.
"La posición del Partido Popular es firme y coherente", subraya el comunicado de la formación de Casado, "y siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial.
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