La Fiscalía Anticorrupción reactiva la causa del 3% en la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz que se recabe información bancaria de cuentas vinculadas a una decena de miembros de la antigua Convergència, entre los que se encuentran antiguos consejeros de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont.
Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que Anticorrupción reactiva una de las líneas de investigación de la causa del 3% relativa a un presunto delito de blanqueo de capitales. La Fiscalía actúa después de que la Sala de lo Penal estimara su recurso de apelación contra el archivo del procedimiento y ordenara su reapertura.
De hecho, los magistrados revocaron el archivo decretado por el juez instructor y le instaron a practicar las diligencias solicitadas por Anticorrupción para determinar si las donaciones a la extinta Convergència esconden una operativa de blanqueo de capitales. Ahora el escrito incide en esa línea y recuerda la "absoluta homogeneidad" de las donaciones que se realizaron casi de manera simultánea en aquel momento.
El control "superior" de las donaciones
"Se da una esencial coincidencia de fechas que abarcan desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2010. Solo tiene una explicación: alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes", recalca Anticorrupción. El órgano apunta al que fuera tesorero de Convergència, Daniel Osácar y su sustituto, Andreu Viloca.
El escrito recuerda que el propio Osácar confirmó los elementos incriminatorios en su interrogatorio en sede judicial. El antiguo convergente detalló la mecánica de afloramiento de dinero "procedente de actividades delictivas" en las que intervenían afiliados al partido que fundó Jordi Pujol con donaciones que luego se les devolvían en efectivo.
Osácar responsabilizó de ello a Germà Gordó, exgerente de la formación nacionalista y exconsejero de Justicia bajo el Gobierno de Artur Mas. Con todo, no es el único nombre que aparece en el escrito remitido a la Audiencia Nacional. La Fiscalía recuerda que en este momento se actúa contra ocho antiguos miembros del partido por las donaciones periódicas de 3.000 euros que efectuaron en dicho período.
Presunto blanqueo con el 3%
La imputación formal de la causa se dirige contra el que fuera consejero del Interior durante los gobiernos de Carles Puigdemont y Artur Mas, Jordi Jané; contra Marc Guerrero i Tarragó; el exdiputado de Convergència Víctor Vila; el exportavoz de Convergència i Unión (CiU) Jordi Moltó; la exdiputada Gloria Renom; la exsenadora Montserrat Candini; Eduard Freixedes y también Irene Rigau, exconsejera del Gobierno de Mas y una de las condenadas por la consulta del 9-N.
Anticorrupción identifica abonos de 3.000 euros siendo además que recibieron reintegros inmediatos en muchos casos por cuantías que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros. Por todo ello interesa al magistrado que instruye la causa del 3% que solicite de la entidades bancarias identificadas por la Guardia Civil los movimientos de las cuentas relacionadas con los exmiembros de Convergència entre los años 2008 y 2014.
"Dicho período es coherente con el de las donaciones, siendo necesario observar la conducta económica de las personas investigadas desde un punto de vista íntegro", alega el fiscal. Cabe recordar que la principal acusación del procedimiento ya se pronunció en estos términos en su recurso ante la Sala de lo Penal para que se reabriera esta línea de investigación.
Entonces la Fiscalía recordó que esta pieza separada del caso 3% relativa a un presunto delito de blanqueo de capitales se incoó a partir de toda la documental intervenida en el registro a la sede de Convergència el 21 de octubre de 2015. Tras analizar los libros incautados, la Guardia Civil advirtió en diciembre de 2019 que existía una relación entre las donaciones referentes a personas físicas y jurídicas resultando sistemáticamente complementarias.
Donaciones de 1,67 millones en 7 años
La Policía Judicial determinó que entre los años 2008 y 2015 Convergència recibió 1,67 millones de euros en donaciones. Del análisis por ejercicios se aprecia cómo los años que más fondos registraron fueron 2008 con 518.270 euros y 2015 con 402.085 euros. Aunque la cifra es similar, el número donaciones fue muchísimo mayor en 2015 ya que se pasó de 46 ingresos a un total de 2.674.
En el recurso ante la Sala, la Fiscalía expuso que había dos tipos de explicaciones que podrían justificar que los abonos al partido fueran en idéntica cuantía y en los mismos meses. La primera era que los donantes hubieran decidido aflorar dinero en efectivo no declarado y la segunda que dichas cuantías que ingresaban los actores políticos procedieran de la misma Convergència.
Así pues, el blanqueo de dichas donaciones provendría de un delito antecedente, relativo al efectivo que los convergentes cobraban de empresarios que buscaban adjudicarse contratos públicos. "Con estas entregas realizaban actos de soborno para que los responsables de CDC incidieran directamente en la adjudicación
arbitraria de concursos convocados por organismos públicos en favor de las empresas", recalcó la Fiscalía.
Desde 1999 Convergència Democrática de Cataluña estableció sistemáticamente unatriple vía de financiación al margen de la legalidad: las donaciones, la simulación de servicios con empresas y las entregas en efectivo
Al respecto recuerda que consta en otras piezas de esta causa cómo el partido nacionalista "utilizó de manera sistemática" donaciones de terceros a las fundaciones CatDem y Fórum Barcelona. Las mismas las emplearon como cauce para financiar su actividad.
Y, lejos de determinar que fue una actuación aislada, Anticorrupción asegura que era una continuación de la estructura del 'caso Palau'; procedimiento en el que se investigó el saqueo del Palau de la Música, que perdió 23 millones de euros a manos de las familias Millet y Montull.
El 3%, a juicio
La Fiscalía mantiene que desde 1999 Convergència Democrática de Cataluña estableció sistemáticamente una triple vía de financiación al margen de la legalidad caracterizada por las donaciones, la simulación de servicios con empresas que a cambio efectuaban pagos en 'b' y las entregas en efectivo.
Cabe recordar que una de las líneas de investigación de este procedimiento ya va camino del banquillo por organización criminal, fraude, tráfico de influencias, corrupción entre particulares, cohecho, y prevaricación, entre otros delitos.
El primer instructor del procedimiento, José de la Mata De la Mata procesó en julio de 2020 a más de 30 personas físicas y 20 jurídicas (entre ellas el PDeCAT) por presunta financiación ilegal del partido aplicando la cláusula del 3% en adjudicaciones públicas. Por estos hechos Anticorrupción solicita penas de hasta 22 años de prisión y multa de 3 millones tanto a la formación que fundó Jordi Pujol como a su heredero, PDeCAT..
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