Los extrabajadores de Telemadrid arrecian el pulso contra Enrique Cerezo e insisten en que se amplíe la investigación sobre el origen del dúplex de lujo del expresidente madrileño Ignacio González. Piden a la Audiencia de Málaga que reabran las pesquisas que recién acaba de dar por cerradas el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, a cargo del caso Ático.
La acusación popular responde así al auto del magistrado con fecha 17 de julio en el que se denegó el plazo de prórroga de la investigación; una decisión que califica de "contraria a derecho y perjudicial para los intereses encomendados". En aquella ocasión, el juez dio la razón al presidente del Atlético de Madrid, imputado en la causa, quien insistió en que la instrucción estaba ya agotada.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Asociación Afectados por la Gestión de la Televisión Publica Madrileña requiere al juzgado que eleve su petición de reabrir la investigación a la Audiencia Provincial de Málaga. Suplica que se "acuerde revocar el auto dictado permitiendo la continuación de la instrucción al ser los plazos impropios y meramente orientativos. Y solicita que se plantee "cuestión de inconstitucionalidad".
La ley de plazos de Catalá
La acusación ejercida por los extrabajadores de Telemadrid remarcan en su recurso que la imposibilidad de proponer más diligencias o su denegación por transcurso del plazo previsto para instruir e investigar "vulnera el derecho a la prueba", establecido en el Código Penal.
El magistrado Eloy Marfil Gallardo explicó anteriormente a las acusaciones personadas en la causa que no era posible ampliar los plazos por el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue aprobada por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, quien ahora trabaja en la Fundación Atlético de Madrid bajo el mando de Cerezo.
Nueve meses de debate
La batalla por abrir y cerrar las investigaciones en el caso Ático tienen lugar desde octubre de 2018, cuando terminó la instrucción después de que el Ministerio Fiscal renunciara a pedir una prórroga. Desde entonces las acusaciones han intentado mantener abierta la investigación porque consideran que los plazos no se han vencido.
La Policía, que no da por concluida la investigación, reclamó hace dos meses al juez que enviara un nuevo auxilio judicial a Estados Unidos y Argentina. La intención: conocer el destino de los 770.000 euros que el matrimonio González pagó en 2012 a la sociedad opaca Coast Investors, cuyo dueño real se desconoce.
Ahora, el instructor tendrá que decidir si acuerda el procesamiento de Ignacio González o por el contrario archiva la causa, como piden las defensas del matrimonio González-Cavero y de Enrique Cerezo.
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