La apertura de diligencias previas contra Begoña Gómez por parte de un juzgado madrileño ha desatado todo un huracán mediático. Un terremoto político que ha propiciado que Pedro Sánchez cancele su agenda hasta el martes y se plantee la opción de no seguir al frente del Ejecutivo. La decisión judicial, que nace a tenor de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, apunta directamente a la mujer del presidente del Gobierno por su relación con el comisionista del caso Koldo
La decisión del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha llegado sin que el magistrado haya solicitado informe al respecto al Ministerio Público. En medio de una crisis interna por los continuos reproches sobre su imparcialidad, todos los focos recaen ahora sobre la Fiscalía y sus próximos pasos, en lo referente a una causa que arrancó el pasado 16 de abril.
Las diligencias del caso deberán ser asumidas por la Fiscalía Provincial de Madrid, puesto que Gómez no pertenece a la esfera pública y, por tanto, no cuenta con condición de aforada. Estas han sido declaradas secretas por el magistrado Juan Carlos Peinado, no obstante, el Ministerio Público sí debe estar al corriente de las resoluciones adoptadas por el instructor de la causa, que ya ha llamado a declarar en calidad de testigos a dos periodistas que han publicado informaciones sobre los negocios de Begoña Gómez.
El caso de la primera dama pone en una encrucijada a la Fiscalía, que durante meses ha sufrido duras críticas ante su presunta dependencia del Ejecutivo. El papel del Ministerio Público ha sido puesto en tela de juicio, incluso, desde asociaciones de fiscales que piden más autonomía e independencia del Gobierno para, por ejemplo, asumir la instrucción de las causas penales.
Crisis del Ministerio Público
La crisis interna que traviesa el seno de la Fiscalía ha sido puesta de relieve en varias ocasiones en los últimos meses. El último ejemplo se ha visto este miércoles durante la Junta de Fiscales de Sala, donde la actuación del Ministerio Fiscal con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso ha sacado a la luz las discrepancias existentes entre los miembros de su cúpula.
No obstante, este no ha sido el único episodio que ha puesto en el punto de mira al Ministerio Fiscal en los últimos tiempos. La crisis de imagen que sufre actualmente la institución apunta directamente al Fiscal General de Estado. Es más, desde diferentes asociaciones de fiscales se ha exigido la inmediata dimisión de García Ortiz. Por esta y otras razones, el fiscal sobre el que recaiga el caso de Begoña Gómez tiene una pesada carga sobre sus hombros y cada decisión suya será analizada al detalle.
Cabe recordar, además, que el pasado 18 de marzo (fecha en la que ya el juez Juan Carlos Peinado había incoado diligencias en instrucción) este medio avanzó que la Fiscalía Anticorrupción cerraba la puerta a investigar los contactos de la primera dama con Víctor Aldama. El fiscal y el juez Ismael Moreno rechazaron la petición de una de las acusaciones de citar como testigo a la esposa del jefe del Ejecutivo, al entender que los hechos publicados en prensa sobre sus vínculos con el comisionista del caso Koldo y con Air Europa no tienen nada que ver con esta causa de corrupción por los contratos de mascarillas en la pandemia.
Relación de Begoña Gómez con el comisionista del caso Koldo
La denuncia de Manos Limpias, que ha sido admitida a trámite en los juzgados de Plaza de Castilla, apunta al contacto de Begoña Gómez con Víctor de Aldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, justo antes de que se negociara el rescate multimillonario a Air Europa por 475 millones de euros.
De igual modo, los denunciantes piden investigar la relación de la mujer del presidente con el empresario Carlos Barrabés. Y es que, la UTE de empresas de Barrabés consiguió ganar un concurso público gracias, entre otros documentos, a una carta firmada por Begoña Gómez en calidad de codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid.
Tras la recomendación, la UTE de empresas privadas que contaban con el aval de la primera dama consiguieron en 2020 los tres lotes a los que optaba, superando así a más de veinte empresas competidoras. La adjudicación se hizo por un valor de más de 7 millones de euros.
En consecuencia, Manos Limpias reclama la citación como investigada de Begoña Gómez. Además, solicita que el juez tenga acceso a las cartas de recomendación, así como todos los expedientes adjudicados al empresario y la comparecencia de testigos.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación