Una de las acusaciones que litigan en el caso Ghali ha vuelto a pedir la imputación del exjefe de gabinete de la exministra Arancha González Laya. El abogado Antonio Urdiales ha interpuesto recurso contra la decisión del juez de archivar las diligencias abiertas contra Camilo Villarino en relación a esta causa en la que se investiga la entrada y salida de España el año pasado del líder del Frente Polisario. La acusación sostiene que el exmano derecha de Laya cometió delitos de prevaricación y encubrimiento con su actuación y pide que vuelvan a imputarle en el procedimiento.
El recurso, interpuesto ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, precisa que tanto Villarino como la máxima representante de la diplomacia española cometieron delito al ocultar la entrada en España de Brahim Ghali el 18 de abril. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado pide que se revoque la decisión del magistrado Rafael Lasala y que se vuelva a incluir a Villarino porque, según sostiene, con esta operativa se incumplió "de manera deliberada y consciente" lo recogido en el Reglamento de Schengen.
El instructor de esta causa dio por válido el argumento de la Fiscalía acerca de que Villarino no cometió delito permitiendo la entrada de Ghali sin identificarle ya que el artículo 11 de este reglamento establece que "los documentos de los nacionales de terceros países se sellarán a la entrada y salida, salvo los documentos de viaje de Jefes de Estado o personalidades cuya llegada haya sido previamente anunciada de manera oficial por vía diplomática".
Código de Fronteras Schengen
Este letrado explica que no se puede tener a Ghali dentro del grupo de "jefes de Estado" e insiste en que se ocultó esta operativa para que evitar una crisis diplomática con Marruecos, la cual se terminó produciendo. Del mismo modo reprocha a Villarino y a la exministra que se escudaran en un acuerdo sobre secretos oficiales aprobado en 2010 para no responder a las principales incógnitas por estos hechos. Al respecto recuerda que ninguno de los dos ha precisado quién fue el "interlocutor argelino" con el que se fraguó el operativo que tenía como fin ofrecer asistencia médica a Ghali para tratarle de covid.
Además, también dice que es "falso" que Ghali portara pasaporte diplomático y su hijo permiso de residencia. "De las pruebas practicadas se deduce que Ghali sólo portaba un pasaporte ordinario falso a nombre de
Mohamed Benbatouche, que posiblemente su hijo presentó en el servicio de admisión del hospital San Pedro, pasaporte que había sido confeccionado y expedido el mismo día 18 de abril de 2021 por Argelia, estado que desde 1999 venía proporcionando pasaportes falsos al propio Ghali", reza.
Este letrado insiste en que la actuación que controló Exteriores y que el juez atribuye al Gobierno sí implicó un riesgo para los españoles ya que cuando Marruecos supo de la presencia del líder del Frente Polisario en España, propició una crisis migratoria en Ceuta sin precedentes. Por ello precisa que el exmano derecha de González Laya respaldó que entrara en España "de forma clandestina y vergonzosa" y amparándose para ello "en los más altos cargos del Ejército español".
Las causas contra Ghali
En lo relativo al delito de encubrimiento, esta acusación sostiene que los imputados en la causa sí conocían de la existencia de diligencias penales abiertas en España contra Ghali. Mientras la Abogacía del Estado razona que no había ninguna orden de detención contra el activista saharaui, las acusaciones defienden que en aquel momento figuraba como investigado en dos diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y no solo eso sino que existen informes policiales previos a su aterrizaje en Zaragoza que demostrarían que la Justicia trataba de dar con su paradero.
"Todo esto es propio de una novela de Kafka", señala el escrito que matiza que no acusa a ninguno de los dos exmiembros del Gobierno de Sánchez por delito de falsedad documental. Este tipo penal se mantiene en la causa en tanto el líder del Frente Polisario ingresó en el hospital de La Rioja con una identidad ficticia. Al respecto los imputados que han declarado hasta el momento se han desligado de lo relativo al pasaporte falso y han defendido que desde Argelia se les dijo que Ghali venía con pasaporte diplomático.
Es absolutamente increíble que haya entrado en España sin exhibir documentos de viaje, se haya alojado en un hospital público sin pagar y se haya ido en avión sin tampoco identificarse
El propio Villarino confirmó en su declaración ante el juez en septiembre que la ministra le pidió discreción y que se dieron órdenes de que no pasara por los controles de aduana. La exministra de Exteriores, por su parte, alegó que se trató de una decisión política y que, por tanto, la Ley les ampara a no tener que hacer ninguna verificación sobre su documento de identidad, a tenor a lo recogido en el Código de Fronteras de Schengen.
Dudas por despejar
La acusación discrepa y pide a la Audiencia de Zaragoza que revise el sobreseimiento acordado por el juez en lo que respecta a Villarino ya que su criterio tendrá influencia directa en lo que ocurra con Laya, la cual sigue imputada en el procedimiento. "Es absolutamente increíble que, tal y como se ha demostrado a lo largo de la instrucción (...) haya entrado en España sin exhibir documentos de viaje, se haya alojado en un hospital público sin pagar un céntimo casi 15 días con un pasaporte falso, haya declarado ante el magistrado juez Pedraz sin exhibir identificación alguna y se haya marchado por Andoáin, en avión, como vino, sin tampoco identificarse", dice.
Sobre esto último cabe recordar que el Gobierno siempre ha defendido que se trató de una actuación de tintes humanitarios en tanto Ghali estaba entonces gravemente enfermo de covid. En lo que respecta a su salida de España, que se hizo desde el aeropuerto de Pamplona el 2 de junio, la Policía confirmó que no portaba ningún documento que le identificara, si bien negó la existencia de delito. El Reglamento de Extranjería permite que se realicen salidas con documentación defectuosa o incluso sin ella, si no existe prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales de control, como fue el caso.
