El caso Koldo por la compra de mascarillas en pandemia apunta al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. Las últimas comparecencias en la Audiencia Nacional y el avance del procedimiento ponen el foco en la gestión del departamento de Interior y, más en concreto, en la actuación de dos personas de la máxima confianza del ministro.
Se tratan, por un lado, del comisario José Antonio Rodríguez González, alias 'Lenin', y del 'número dos' de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz. Ambos están bajo el foco de la acusación que ejerce Vox, que ya ha pedido al magistrado Ismael Moreno que les cite a declarar como testigos para esclarecer quien dio la orden de contratar con la empresa de la trama Koldo.
El caso Koldo arrancó con la investigación fijada en el Ministerio de Transportes, por ser el primer ente que otorgó los contratos a Soluciones de Gestión. El departamento que dirigía José Luis Ábalos seleccionó a esta pequeña empresa zaragozana sin apenas trabajadores y con una cifra de negocio de cero euros para adjudicarles dos contratos: uno de 20 millones de euros que suscribió Puertos del Estado y otro de 12,5 millones que firmó Adif. Ambos en marzo de 2020.
El comisario de confianza de Marlaska
Esta misma empresa se adjudicó también a dedo los contratos del Ministerio del Interior además de los gobiernos de Canarias y Baleares, que entonces presidían Francina Armengol y Víctor Ángel Torres. El instructor del caso Koldo acordó un batería de declaraciones de testigos e imputados que han terminado por apuntar al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Este departamento - en concreto, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial- firmó el 20 de abril de aquel año un contrato con Soluciones de Gestión por 3,47 millones. El objetivo era proveer de material sanitario a la Secretaría de Estado de Seguridad. Se trata de una gestión que propició la comparecencia en la causa del responsable de dicha Subdirección, Daniel Belmar.
Fuentes presentes en su testifical explican a Vozpópuli que este exalto cargo de Interior se contradijo en comparación con lo declarado ante la UCO en 2022 y que no despejó las dudas al ser preguntado por cuestiones relevantes sobre la orden de contratación. Así, Belmar expuso que la persona que le dio la directriz para contratar con Soluciones de Gestión fue José Antonio Rodríguez, alias 'Lenin'.
Se trata de un comisario de la máxima confianza de Marlaska y que, en su condición de director general de Coordinador y Estudios, le habría encargado comprar las mascarillas a la empresa de la trama. Según dijo, acató el mandato porque, aunque no era su superior jerárquico, entendió que era como si procediera del ministro, por la cercanía entre ambos.
De testigo a imputado
Sin embargo, Belmar -que exigió a la Guardia Civil un requerimiento expreso a su departamento para entregar los papeles- expuso que no recordaba los pormenores de las reuniones interministeriales celebradas entonces. También dijo desconocer si firmó el acta de conclusiones sobre la auditoría interna que hizo Interior por esta adjudicación, aunque sí aseguró que la práctica totalidad de las gestiones las llevó a cabo él solo y que muchas de ellas fueron por teléfono.
Su declaración choca con lo defendido ante la UCO y la ONIF, ente este último que reclamó información a todos los ministerios que contrataron con Soluciones de Gestión en el marco de la investigación fiscal a sus responsables y también al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. De hecho, los requerimientos de Hacienda evidenciaron que Interior sabía desde enero de 2022 que se estaba investigando a los cabecillas de la trama Koldo por fraude fiscal.
En esa ocasión, Belmar dijo que contrataron con esta empresa porque venía recomendada de Fomento. También dijo que Interior tenía que hacerse cargo del coste del suministro de las mascarillas adquiridas por Transportes y que ese fue otro motivo por el que contrataron a Soluciones de Gestión.
Al respecto, la acusación que ejerce Vox ha pedido al juez que le cambie la condición y le impute en el caso por sus "evidentes contradicciones", especialmente en relación con las reuniones entre Interior y Fomento, puesto que, pese a alegar en sede judicial que no recordaba los pormenores, en 2022 habría enseñado a los agentes un documento que tenía en su teléfono sobre dicho encuentro.
Salpicados en el caso Koldo
Con todo, Belmar también puso sobre la mesa el nombre de la mano derecha de Marlaska en el Ministerio. En concreto, dijo que su superior es el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Se trata del 'número dos' del Ministerio y la segunda persona de máxima confianza de Marlaska salpicada por el caso Koldo. De hecho, Vox también ha pedido su comparecencia para que aclare su relación con los hechos.
Además de estos dos cargos, la formación política también quiere que declare como testigo José Manuel Fraile Azpeitia. Se trata del máximo responsable de la Subdirección de Gestión Económica del Ministerio, que fue la que ejecutó el contrato. Vox sostiene al respecto que Fraile puede arrojar mucha luz a los hechos porque trasladó a la UCO que la Subdirección General de Planificación les dijo con quien se debía contratar "sin margen de maniobra".
Mascarillas extraviadas
Así pues, el juez tiene en su mano ahora decidir si cita al comisario 'Lenin' y al Secretario de Estado de Seguridad -ambos del círculo íntimo de Marlaska- a la par que sigue adelante con las declaraciones. Este lunes es el turno del que fuera subsecretario del Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez García. Para las acusaciones se trata de un interrogatorio relevante puesto que el 'exnúmero tres' del Ministerio puede aportar más detalles sobre esta contratación.
Por su parte, la acusación que ejerce Liberum insiste en esclarecer el destino final de millones de mascarillas adquiridas y pagadas con fondos públicos. La asociación sostiene que su única motivación en este procedimiento es esclarecer la "verdad material" y, por ello, proponen una batería de diligencias para determinar si esta mercancía fue "extraviada" o se destinó a reventa.
Al respecto, han solicitado que se cite como testigo a Rafael Milla, presidente de Raminatrans, la empresa que distribuyó las mascarillas adquiridas por Fomento; al secretario general de Correos, Julio González García, y a la directora general en marzo de 2020 de Globalia, María José Hidalgo.
.
