La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 para Luis Medina por el pelotazo de las mascarillas. El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación contra los dos empresarios en el marco de la causa que se investigó el cobro de seis millones de dólares en comisiones por el suministro de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Al respecto reclama que indemnicen al consistorio con esta cuantía y que se embarguen los bienes que compraron con dichos márgenes.
El Ministerio Público, que les reprocha que cobraron "comisiones desorbitadas" con esta actuación en lo peor de la pandemia, impone a Luceño un delito continuado de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial además de otro delito contra la Hacienda Pública agravado, mientras que al hijo de Naty Abascal pide que le condenen como coautor de los dos primeros delitos. Asimismo reclama una multa superior a los 5,6 millones de euros para el primero y de 450.000 euros para el segundo.
El Ministerio Público entiende que el Ayuntamiento de Madrid es el perjudicado de este contrato de mascarillas de 11 millones de dólares y por ello reclama que le indemnicen por el sobrecoste que impusieron a las mascarillas, los guantes y los test que proporcionó la empresa Leno. Además, a Luceño se le reclama que indemnice a la Agencia Tributaria con 1,35 millones de euros "en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo están sujetas a tributación".
Decomiso de los coches y rolex embargados
El fiscal Anticorrupción al frente del caso, Luis Rodríguez Sol, pide además que se decomisen los bienes actualmente embargados a Luceño en la cantidad de 4,6 millones de euros y en Luis Medina por 912.700 euros. En su escrito recuerda que los dos adquirieron coches de gama alta, rolex y hasta un velero en el caso de Medina con las comisiones que se repartieron por mediar en el suministro de mascarillas. En el caso de Luceño alcanzaron los 5 millones de dólares mientras que Medina se embolsó 1 millón.
Su intención fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios. Impusieron comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador
El escrito hace un relato pormenorizado de estos hechos que se han investigado bajo la batuta del magistrado Adolfo Carretero. Según constata el fiscal ambos actuaron desde un primer momento con la intención de "enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios".
"Ocultaron las comisiones en todo momento"
Al hilo les acusa de vender los productos "por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministrados ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación", indica la Fiscalía.
Luis Medina fue la persona de enlace entre Luceño y el Ayuntamiento madrileño. En los primeros compases de la pandemia aprovechó sus contactos para llegar al departamento del consistorio que entonces trabajaba a contrarreloj para conseguir mascarillas y material sanitario. Días después se presentó Alberto Luceño. Lo hizo como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático". También apuntó que actuaba de manera altruista ya que quería actuar en lo peor de la pandemia.
La Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA, dependiente del consistorio regional, firmó tres contratos con la asiática Leno para adquirir material sanitario. En concreto compraron 1 millón de mascarillas por 6,6 millones de dólares; 2,5 millones de pares de guantes por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos por más de 4 millones de euros. De la investigación se ha podido determinar que inflaron de todas las partidas para llevarse unas jugosas comisiones. Las mascarillas, por ejemplo, las cobraron un 148% por encima del precio real del producto. Ello les propició un beneficio de 4 millones.
Documentos falsos
Además, muchas de estas partidas estaban defectuosas o en mal estado, como ocurrió con los test covid. Por ese motivo, se devolvieron. Del mismo modo la Fiscalía destaca que, "contrariamente" a lo ocurrido en otros contactos de urgencia de material sanitario, en este caso el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida pagó también los gastos del transporte del producto.
La Fiscalía, que mantiene el criterio defendido durante la instrucción acerca de que el consistorio fue víctima de la operación, añade que Luceño también falsificó los documentos que aportó al banco para justificar el cobro de las comisiones. "Tampoco los documentos de Luis Medina eran auténticos, sino que fueron elaborados por Luceño a partir de los que él mismo había presentado en su entidad bancaria simulando la firma de San Chin Choon", indica el fiscal.
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