El 21 de julio de 2019 las autoridades policiales encontraron el cuerpo sin vida del extrabajador de Petróleos de Venezuela (PDVSA) investigado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Morodo. "Entre las pertenencias halladas en el lugar del suceso, se encuentra tanto una nota de suicidio dejada por el propio Juan Carlos Márquez, así como el teléfono móvil lphone propiedad del mismo". El juez José de la Mata en funciones de sustitución del magistrado a cargo de la causa, ordenó examinar el dispositivo en busca de pruebas de los presuntos delitos de blanqueo y corrupción. Según han advertido los agentes, se han retrasado las pesquisas de los equipos Apple debido a la "complejidad técnica" de los dispositivos.
Vozpópuli ha tenido acceso al registro de salida en el que se informa del fallecimiento del investigado, así como a la providencia en la que se acordó el volcado de la información del móvil. Ambos documentos obran en el sumario de la causa, en la que se investiga al abogado venezolano, a su exmujer, al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su círculo familiar más íntimo -incluida su esposa, su hijo y su nuera-. A todos se les atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Los agentes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción avisaron a la Audiencia Nacional que tenía en su poder el iPhone de Márquez y señalaron que podía ser "de interés para los hechos investigados en la presente causa, así como para conocer las comunicaciones mantenidas por el mismo en estos tres días, tener acceso al citado terminal telefónico". El juez en funciones de sustitución libró oficio al Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas para que interviniese el dispositivo propiedad del investigado antes de que fuese devuelto con el de pertenencias a los familiares.
"El hecho luctuoso habría tenido lugar en las oficinas de Consultora Alcander SL", una de las sociedades investigadas en el caso Morodo. Según consta en el informe de la Policía Judicial, Márquez se habría reunido ese mismo día con Carlos Adolfo Prada Gómez, otro de los imputados en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 y el responsable de dar la alerta a los servicios de emergencia "al temer que pudiera haber ocurrido algo".
Fondos no justificados de PDVSA
La fiscal Ana Cuenca ordenó investigar a ambos venezolanos en el caso Morodo tras "el hallazgo casual producido dentro de las diligencias (...) seguidas ante el Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid de documentación relevante para estas investigación". Dicho hallazgo motivó la ampliación de la querella a Márquez, Prada "y su entorno familiar y empresarial" y conllevó a la práctica de "nuevas diligencias de investigación consistentes, fundamentalmente, en dos informes policiales (...), análisis de cuentas bancarias y de información tributaria".
Según consta en la querella, "se encontraron diversos archivos informáticos y documentos que evidencian la relación existente entre el entorno de los querellados anteriores [la familia Morodo] y los ciudadanos de nacionalidad venezolana (...) en lo relativo a la recepción de fondos no justificados desde PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente ilícito". La Fiscalía extendió luego la investigación a las esposas de ambos, Ana Korina Ulloa Marsicobetre y Marisol Valera Ledo, y a las empresas vinculadas.
Contratos con Alejo Morodo
Entre la documentación que obra en la causa constan los contratos que fueron firmados por Juan Carlos Márquez Cabrera -en nombre de PDVSA- y Alejo Morodo Cañeque en nombre de -Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL-.
Durante su declaración como investigado, Márquez aseguró que había contraído aquellos negocios con el hijo del exembajador español por orden expresa del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez.
- ¿A su hijo Alejo Morodo lo conoce usted?
- Estuvo un par de veces en mi oficina por instrucciones del señor [Rafael] Ramírez [expresidente de PDVSA].
- ¿Con qué finalidad?
- Con la finalidad de que yo suscribiera un contrato de asesoría con él.
- ¿Por qué se firmó? ¿Con qué finalidad?
- El señor Ramírez me dijo que me reuniera con el señor Alejo Morodo porque él iba a asesorar a la empresa con temas europeos, de Portugal y España.
Bienes y fondos en España
El ministerio fiscal sostiene que Márquez, junto con Prada y su entorno familiar más cercano, "se benefició de los fondos que recibió de la petrolera venezolana a través, al menos, de sus empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL, que fueron canalizando mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias abiertas en diversas entidades bancarias españolas".
La Fiscalía destaca los cobros realizados por Márquez entre julio de 2010 y agosto de 2011 a través de la mercantil Marpra por un importe total de 4,3 millones de euros "remitidos por la sociedad PDVSA desde su cuenta abierta en la entidad suiza JP Morgan Chase Bank". Asimismo, hace referencia a fondos procedentes de la petrolera por un importe acumulado de 998.900 euros a la sociedad Ahedo. Y destaca una lista de pagos bajo sospecha que alcanza los 5,9 millones de euros.
Dicho entramado societario "les permitió su afloramiento mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión, actuación que ejecutaron con la participación activa de las querelladas, Ana Korina Ulloa Marsicobetre -esposa de Márquez- y Marisol Valera Ledo -esposa de Prada-". Según la Fiscalía, consta que entre 2010 y 2015 Máquez adquirió cuatro inmuebles por un importe total de 1,9 millones de euros. En la lista destacan: tres pisos Madrid (uno en Las Tablas, otro en Prosperidad y otro en Encinar de los Reyes).
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