Ángel Ron contraataca en el caso Popular. El presidente del que fuera sexto grupo bancario de España ha presentado una pericial a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional que respalda su gestión durante los 14 años de mandato. El trabajo concluye que se cumplieron las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) pese a que no tenían rango normativo y que no hubo irregularidad alguna con las tasaciones.
El documento, que firma el senior advisor del FMI y al que ha tenido acceso Vozpópuli, analiza algunos aspectos determinantes que se investigan en la Audiencia Nacional como la ampliación de capital de 2016, la financiación de acciones propias a clientes que participaron en dicha operación, el capítulo de las tasaciones, el fondo Thesan o las prácticas del gobierno corporativo.
El experto, que también es Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España en excedencia, sostiene, en primer lugar, que durante los años que son objeto de esta causa no hubo ningún incumplimiento en materia de gobierno corporativo ni de control interno del Popular. Este es uno de los puntos clave ya que una de las dudas que plantea la Fiscalía Anticorrupción es que el equipo de Ron no aplicó la normativa recogida en la Circular del Banco de España de 4/2016 que modificaba la de 2004.
Respaldo a la ampliación de capital
Frente a ello, el experto refrenda el criterio de Ron y sus consejeros en relación a que el banco en aquel momento "cumplía con los mínimos regulatorios de solvencia requeridos por los supervisores". En ese contexto y teniendo en cuenta la situación de provisiones del banco y la posible retroactividad de las cláusulas suelo, se planteó la posibilidad de llevar a cabo una ampliación de capital.
La pericial también defiende este proceso que ha estado bajo la lupa de los investigadores ante las sospechas de que se financió de manera velada a clientes para que participasen en la misma. El magistrado José Luis Calama Teixeira imputó a varios directivos del banco al considerar que ocultaron el destino de la financiación para evitar deducirla del capital regulatorio. Incluso se efectuaron más de 1.400 entrevistas a clientes del banco que participaron en el proceso.
No consta en las actas del Consejo que se tratara asunto alguno relativo a la financiación vinculada a la compra de acciones de la ampliación de capital
Sobre este punto la pericial recoge, por un lado, que la financiación de clientes no solo es legal sino que no impacta negativamente en la cuenta de resultados de la entidad. Con todo apuntala la tesis de que el Consejo de Administración, con Ron a la cabeza, era desconocedor del asunto. "No consta en el orden del día de las distintas sesiones que fuera tratado este asunto", reza el documento.
Financiación de clientes
Además añade que del hecho relevante publicado en abril de 2017, ya bajo la etapa de Emilio Saracho, se deduce que ni el banco, ni el auditor externo PwC, ni la CNMV "consideraron material" el impacto de la supuesta no deducción de las acciones del capital regulatorio, en caso de haberse producido. Al hilo insisten en que tanto el supervisor como el Banco Central Europeo respaldaron la ampliación al entenderla como un compromiso para reforzar sus niveles de cobertura.
Otro de los puntos que aborda es el relativo a las tasaciones. El documento concluye que el Popular actuó de manera diligente. Al respecto recoge el contenido íntegro de las actas de los Consejos celebrados hasta el término del mandato de Ron, a comienzos de 2017, en los que se indica que el banco tenía una cartera de "tasaciones razonablemente actualizadas".
"El Popular fue el más prudente"
De nuevo este punto ha levantado las sospechas de los investigadores que han deslizado que las tasaciones del banco podrían estar infladas. Destaca un informe de los peritos del Banco de España designados en este procedimiento que concluyeron que estos activos debieron presentar una valoración contable de unos 135 millones de euros menos que la que reportaron en las cuentas del cierre de 2016.
El Popular atendió las sugerencias y requerimientos de la CNMV sobre las cuentas. Muestra de ello es que no existe sanción alguna respecto a las cuentas del banco de 2015
No obstante, los peritos -que determinaron que el banco no se hundió por problemas de solvencia- matizaron en su trabajo que no podían dar respuesta a si en los ejercicios de 2016 y 2017 se manipuló la contabilidad de las tasaciones. Sobre este capítulo se pronuncia el perito de parte de Ángel Ron para despejar cualquier sospecha de duda en su gestión. "Banco Popular fue más prudente que el sector", expone.
Del mismo modo apela a los planes del banquero para la entidad y que no pudo llevar a cabo, como ocurre con el proyecto Sunrise. Cabe recordar que en su declaración ante el juez, en octubre de 2019, defendió esta estrategia que implicaba crear una sociedad inmobiliaria para traspasar los activos adjudicados. De hecho, Ron ha delegado en su sucesor, Emilio Saracho, el mal rumbo del banco en sus últimos meses de vida así como la brutal fuga de depósitos que le llevó a la resolución y a su posterior venta por un euro al Santander.
Grupo Thesan
Finalmente se pronuncia también sobre el Grupo Thesan. En este caso rebate las sospechas del inspector del Banco Central Europeo, Jesús Fernández Martínez Usano. El experto protagonizó una declaración clave de más de ocho horas en la Audiencia Nacional sobre su minucioso trabajo de supervisión en los últimos meses de vida del Popular. El inspector plasmó sus dudas sobre una serie de cuestiones, incluidas el Grupo Thesan, apuntando al respecto que el banco pudo tratar de encubrir activos adjudicados a través de este supuesto inversor.
De nuevo el perito de parte desmonta su versión apuntando que, tras el estudio de todo el material analizado, se puede concluir que el banco actualizó sus políticas de riesgo para adaptarse a la nueva normativa en materia de solvencia y de los principios de Basilea. "Se efectuó un análisis individualizado de cada una de las operaciones de refinanciación y se mejoró el control interno", dice el experto, el cual concluye que entre 2014 y 2015 se autorizaron un total de 553 operaciones por 701 millones de euros.
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