El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado por finalizadas en los últimos días las investigaciones del caso Pujol (509 páginas); del 3% (304 páginas); y del denominado pacto Nuria Bofill (146 páginas) sobre adjudicaciones irregulares de la Generalitat. En todos estos escritos, que suman un total de 959 páginas, el denominador común es la presencia del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que junto a Unión Democràtica de Catalunya (UDC), gobernó durante lustros en Cataluña mediante la coalición denominada CiU.
Estos escritos aluden también a la única de las sentencias firmes que ha condenado a CDC, que es el del caso Palau, por el que el Tribunal Supremo ha decretado el comiso de 6,6 millones de euros a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como ganancias obtenidas mediante el tráfico de influencias. Esta sentencia del Supremo, de 440 páginas, fue firmada por los magistrados el pasado 29 de abril, y marca la senda iniciada ahora por el magistrado José de la Mata, que podría dejar la Audiencia Nacional para formar parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En total 1.399 páginas que muestran la corrupción sistémica de CDC en Cataluña, y que superan con mucho la sentencia del caso del procés (493 páginas), pero que se quedan por debajo de las 1.687 páginas que componen el fallo de la pieza principal del caso Gürtel-Época I, que ahora mismo revisa el Tribunal Supremo.
Tres años de cárcel
El modus operandi en los diferentes casos siempre era el mismo. Las empresas abonaban de forma directa o indirecta las presuntas comisiones a CDC a cambio de obra pública. En el caso Palau, el ex tesorero de CDC Daniel Osácar, fue condenado a tres años y seis meses de prisión como autor de un delito de blanqueo de capitales. En los hechos probados de la sentencia consta que hizo llegar a Convergència las comisiones que abonaba de modo aplazado Ferrovial, por obras adjudicadas con anterioridad a ser nombrado tesorero.
Por su parte, De la Mata también apunta a tres extesoreros de CDC en el caso del 3%, a los que acusa de haber creado una organización criminal. El ya mencionado Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó, así como al exresponsable jurídico del partido Francesc Xavier Sánchez Vera por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado caso del 3% sobre la supuesta financiación irregular de esa formación política.
CDC presentó en junio pasado un concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona, como paso previo a su disolución.
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso del 3%, José de la Mata, considera que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) impulsó en 2016 la creación del Partit Demócrata Catalá (PDeCAT) "con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido". Pese a ello, De la Mata ha incluido al PDeCAT como una de las 16 personas jurídicas, entre las que también se encuentra CDC, que deben ser juzgadas en este caso de corrupción. CDC presentó en junio pasado un concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona como paso previo a su disolución.
Caso 'Nuria Bofill'
En un tercer auto, el magistrado acuerda en la pieza Infraestructures de la Generalitat vinculada al caso del 3, procesar a otras 18 personas físicas por organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Según el juez , ciertas empresas de ingeniería, en el entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (ASINCA), configuraron durante los años 2008-2015 un cártel colusorio al que denominaron Nuria Bofill, para pactar los precios que utilizarían al concurrir a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas en Cataluña. También aquí aparece CDC, ya que uno de los procesados se encargaba de recibir las instrucciones de adjudicación de Convergència, sobre todo de Andreu Viloca, "para forzar las valoraciones y asegurar la adjudicación a alguna de las empresas del “club”.
En el caso Pujol, además de los integrantes del clan, que el magistrado considera conformaron una organización criminal, el escrito de acusación alude a irregularidades cometidas por CDC. En concreto, José de la Mata da por acreditado que Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley concedió un "aval personal" de 336.000.000 pesetas --unos 2 millones de euros-- para financiar ilícitamente a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Y lo hizo con el dinero de sus cuentas andorranas y con empresas radicadas en este país, según consta en el auto de 509 páginas, en el que el instructor también propone juzgar a los Pujol.
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