La Liga se niega a dar por concluido el caso Soule. El ente ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal de finiquitar una instrucción que se ha alargado seis años, ya que considera que se cierra con diligencias todavía pendientes de practicar. Según sostiene, existen testificales "demoledoras" contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) así como otros indicios que acreditarían un desvío de fondos públicos con las partidas que La Liga remitió para gastos arbitrales.
Así pues el órgano que preside Javier Tebas ha presentado un recurso contra la decisión del instructor de no prorrogar más tiempo estas diligencias. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica que la investigación se ha quedado "a medias" porque la IGAE, órgano encargado por el juzgado para valorar el presunto desvío de fondos, no ha determinado el importe exacto de dinero que se habría defraudado con unas determinadas partidas destinadas a gastos arbitrales.
La defensa de La Liga se refiere al peritaje que ordenó el juzgado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el marco de esta causa que indaga irregularidades en la RFEF durante la etapa de Ángel María Villar. El órgano, que depende de Hacienda, detectó que de los 109 millones entregados para retribuir las actuaciones de los árbitros, había una partida de cerca de 8 millones que no se encontraba justificada, de acuerdo con lo previsto en los convenios de coordinación entre La Liga y la Federación.
Una instrucción "a medias"
Ello llevó a la Fiscalía Anticorrupción y al órgano que preside Javier Tebas a actuar en varias direcciones: por un lado pidieron que se concretara el presunto desvío de fondos públicos de esos 7,9 millones de euros, teniendo en cuenta que parte del dinero transferido a la RFEF por parte de La Liga proviene de las quinielas, y por tanto, es dinero público. Por otro lado solicitaron la imputación del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio; del exsecretario técnico Raúl Massó y de Villar, por estos hechos.
El magistrado declinó acceder a la petición alegando que todos ellos habían declarado como testigos y que se trataba de una diligencia tardía. Pero, tal y como avanzó este medio, la Sala de lo Penal le corrigió y dio la razón tanto a La Liga como a la Fiscalía, al considerar que había indicios que justificaban su comparecencia como imputados.
Resulta necesario que la IGAE concrete los fondos públicos defraudados para poder transformar por el delito de fraude de subvenciones
Todos ellos desfilaron ante el juez el pasado 17 de abril, pero Sánchez Arminio se acogió a su derecho a no declarar y Massó solo lo hizo a preguntas de su defensa letrada. El único que sí se pronunció fue el protagonista de esta causa, Ángel María Villar, quien delegó cualquier responsabilidad sobre estos fondos en su vicepresidente económico, Juan Padrón. El que fuera presidente de la RFEF durante tres décadas también expuso que el CTA es un órgano que depende de la RFEF pero que tiene autonomía para controlar su presupuesto.
En paralelo, la IGAE amplió la pericial solicitada por el juzgado y concluyó que la Federación que preside Luis Rubiales no debe justificar el uso de los fondos recibidos porque no es la beneficiaria directa de los mismos. Más bien al contrario, el órgano de control concluyó que La Liga es la que se beneficia de las partidas ya que es la entidad a la que la ley se refiere como la destinataria de las subvenciones. "Bajo nuestro criterio, carece de sentido atribuir la condición de beneficiaria a la RFEF", concluyó la IGAE.
"Existió una apropiación de fondos"
Ello dio pie al magistrado instructor a dar por cerrado este capítulo y zanjar seis años de instrucción que se ha centrado especialmente en el presunto desvío de fondos de la RFEF y de las territoriales así como de la Mutualidad de los Futbolistas (Mupresfe). Abascal desoyó la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó que prorrogara tres meses más el procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Pero su criterio no es compartido por todos. La Liga acaba de recurrir el auto del juez alegando que la IGAE no había cumplido con su cometido, puesto que no ha clarificado si hubo desvío de fondos. Se trata de un requerimiento clave para las acusaciones en aras a poder incluir el delito de fraude de subvenciones. La defensa legal de La Liga expone al respecto que la actuación de la IGAE impide determinar el importe concreto que se habría desviado de lo aportado a la RFEF.
"De las pruebas que obran en la instrucción se infiere con claridad la existencia de una apropiación indebida de los fondos entregados por La Liga en beneficio de terceros -todos conocemos a estas alturas el pago de las costas procesales de Mediaproducción S.L, la lona del museo del fútbol, la formación femenina, el fútbol sala etc etc-. Al igual que es conocido lo que los otros miembros del CTA distintos al señor Sánchez Arminio refirieron al respecto. Es por tanto evidente que existió una apropiación de unos fondos que estaban destinados a ser entregados para cuestiones concretas y específicas", recoge.
"Defraudación" de la RFEF
La Liga se refiere a una de las últimas testificales prestadas durante la instrucción de la causa por parte de antiguos dirigentes arbitrales. "Se practicaron declaraciones (incluidas la del Secretario de la Comisión de Seguimiento de las quinielas) y las de dos de los tres miembros de la comisión arbitral para el fútbol profesional que resultaron demoledoras en orden a reforzar el carácter punible de los investigados", alega.
El órgano, que litiga como acusación particular, insiste en que la RFEF sí debe justificar el destino final de las partidas que recibe. Al hilo asegura que la documentación aportada por el Consejo Superior de Deportes acredita que La Liga requería a la Federación todos los justificantes solicitados y que esta documentación fue "insuficiente para detectar a defraudación operada en el seno federativo". Ahora, el asunto pasa a manos de la Sala de lo Penal que será la que decida si respalda al juez o, por el contrario, ordena continuar con la causa para investigar estos extremos.
