El caso Villarejo se ha convertido en un procedimiento que, seis años después de su inicio, sigue creciendo de manera exponencial. El juzgado de la Audiencia Nacional que investiga todos los trabajos del comisario jubilado ha abierto nueve piezas nuevas, declaradas todas ellas secretas, hasta alcanzar el total de 46 líneas de investigación separadas que afectan a empresas del Ibex, partidos políticos y grupos de comunicación. La cifra, con todo, aumentará hasta alcanzar el medio centenar.
La investigación, que nació a raíz de una investigación patrimonial a Villarejo por un encargo concreto en Guinea Ecuatorial, se ha convertido en un gigante incomparable no solo por la relevancia de encargos y trabajos que se han ido rastreando del policía, sino también por la cantidad de documentos y audios incautados en sus registros y que, a día de hoy, se siguen analizando.
Todo este material ha dado pie a la apertura de piezas separadas hasta alcanzar el total de 37 a fecha de marzo de este año. En los últimos días, sin embargo, los investigadores han propiciado la apertura de otras nueve más, según confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas. Se trata de una cifra que evidencia la magnitud de una de las mayores y más importantes causas de espionaje y corrupción de la democracia que, además, seguirá creciendo hasta llegar a las 50 líneas separadas.
El material inagotable de Villarejo
Desde el estallido del caso Tándem el 3 de noviembre de 2017, los investigadores han ido abriendo nuevas piezas en función del análisis de todo el material incautado en los registros de Villarejo. Horas y horas y de audios -algunos de ellos encriptados- además de cientos de miles de documentos cuyo análisis ha terminado por salpicar a grandes empresas del Ibex, partidos políticos y hasta la Corona.
A día de hoy, algunas de las piezas estrella del procedimiento -como ocurre con la investigación al BBVA o a Iberdrola por sus encargos a las empresas privadas del policía- siguen en instrucción. Otras, como la relativa a la trama Kitchen (el espionaje ilegal a Luis Bárcenas en pleno caso Gürtel) o la que afecta a Caixa y Repsol, se dan por concluidas a la espera de enfilar su camino al banquillo, mientras que otras tantas se han ido archivando.
Aunque la macrocausa sigue en instrucción, las miradas están puestas ahora mismo en el tribunal de la Audiencia Nacional que tiene que pronunciarse sobre el primer juicio al comisario jubilado y sus clientes más desconocidos. En mayo de 2020 el magistrado Manuel García Castellón procesó por primera vez en este caso al espía más famoso de España por tres encargos menores investigados en las piezas de Iron (2), Land (3) y Pintor (6).
El juicio, que se celebró entre octubre de 2021 y septiembre del año pasado, sirve de antesala para el resto de vistas que tienen que celebrarse por el caso Villarejo y que salpican a grandes empresas del Ibex. Más allá de las peculiaridades de esos tres encargos concretos (que afectan al despacho de abogados Herrero y Asociados, a una rama de la familia de los García Cereceda y a los empresarios Juan y Fernando Muñoz) el juicio abarcó asuntos clave como la validez de los registros y la custodia del material incautado o la incompatibilidad del protagonista de esta historia para lucrarse con negocios privados mientras era un funcionario en activo.
La primera sentencia
En ese sentido Villarejo no cambia una coma de lo que ha venido defendiendo desde antes incluso de su detención. El comisario, que ejerce como abogado de su propia defensa, insiste en que es una víctima del sistema y que todo este procedimiento viene auspiciado por su archienemigo Félix Sanz Roldán. Al exdirector general del CNI se refería con el sobrenombre de 'troll', pero no era el único rebautizado. El sumario del caso está lleno de motes y de nombres en clave que utilizaba para referirse a su vasto entorno.
El comisario, que en septiembre deslizó que ha salido "apenas un 10%" de todos los audios que ha grabado durante décadas, mantiene que trabajó para gobiernos del PP y del PSOE y que el Estado no solo sabía de la existencia de sus empresas, sino que se benefició de muchas de sus actuaciones.
La Fiscalía Anticorrupción pide para él 80 años de cárcel por este primer juicio, cuya sentencia está al caer. El Ministerio Público tampoco cambia su criterio. Desde un primer momento rastrean su patrimonio millonario, que habría desviado a países como Panamá y Uruguay, y ponen el foco en la dinámica de sus espionajes.
Para algunos de sus trabajos más mediáticos, como la trama de espionaje a Luis Bárcenas o los encargos al BBVA, se habría apoyado en altos cargos policiales que le filtraron información confidencial de sus víctimas. Entre ellos destaca el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien, a la postre, se llegó a convertir en el verdadero Tándem de Villarejo.
En todo este tiempo, además, se han producido hitos determinantes que han ido afectando a las pesquisas. Seis años después del inicio del caso, a día de hoy ya no permanecen ni uno de los fiscales Anticorrupción que comenzó la causa (Ignacio Stampa) ni tampoco el magistrado que la arrancó, Diego de Egea, y quien protagonizó importantes enfrentamientos con los fiscales por sus diferencias de criterio. El crecimiento imparable de las diligencias ha hecho que hasta cuatro fiscales trabajen en el caso bajo la batuta de Miguel Serrano, quien comenzó la investigación junto con Stampa.
Una denuncia anónima
El volumen que ha alcanzado la causa era impensable hace ahora seis años. Una denuncia anónima a la Fiscalía Anticorrupción puso en marcha este caso que se centró, en un principio, en investigar un encargo muy concreto de Villarejo. Los fiscales indagaron un proyecto de más de 5 millones de euros que pasaba por neutralizar a una parte de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang para favorecer el ascenso al poder de uno de sus hijos.
Los registros en los primeros compases de la investigación abrieron la puerta a otra dimensión. Rápidamente comenzaron a crearse las primeras piezas que acaban de juzgarse y tras las cuáles siguieron proyectos de mayor envergadura. Uno de ellos se investiga en el marco de la pieza cuarta, bautizada como Pit, y que tiene como epicentro la paralización de la extradición del naviero de Ángel Pérez-Maura.
A esta le siguieron quizás las piezas más políticas del procedimiento: la trama Kitchen, que ha terminado por salpicar a la excúpula policial y de Interior del Gobierno de Rajoy y la pieza Dina, la número 10 del caso. Esta es la línea de investigación que más giros ha dado ante las incógnitas, todavía sin resolver, del robo y filtración en prensa de la tarjeta telefónica de la exasesora de Pablo Iglesias. El magistrado llegó a enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se investigara al entonces líder de Podemos por tres delitos.
En paralelo, el juez se centró en el corazón del Ibex por todos sus encargos al Grupo Cenyt. Se abrió una investigación por los trabajos del BBVA (pieza 9) a la que siguieron otra por un encargo del Grupo Planeta y del Grupo San José (ambas archivadas), además de los trabajos a Iberdrola (pieza 19) y Repsol y Caixa (21). El denominador común de estos últimos casos es que, aunque se llegó a imputar a las empresas y sus máximos responsables, el asunto quedó reducido a los jefes de seguridad. Se trata de figuras que ejercían en la mayoría de casos antiguos jefes policiales y viejos conocidos de Villarejo.
Seis años de causa
Del material incautado también surgió una investigación contra Javier López Madrid por contratar supuestamente al comisario para amenazar y hostigar a la doctora Pinto (pieza 24), u otra relativa al registro a la agencia de detectives Método 3 (pieza 27, también archivada).
Un punto de inflexión se produjo el 23 de octubre del 2020. Ese día fiscales y magistrado registraron la celda de Villarejo donde cumplía prisión provisional en Estremera y su domicilio personal en Boadilla del Monte. De la diligencia se incautaron más de una decena de agendas personales del comisario. Estos papeles han servido en algunos casos para constatar lo investigado hasta el momento, teniendo en cuenta que Villarejo anotaba todas sus citas y movimientos.
A partir de ahí se inició una investigación para frenar su intento de vender información oficial y confidencial desde prisión (pieza 28) y arrancaron otras piezas como la relativa al proyecto Ring (sobre su actuación en un litigio por una herencia) o la 36, en la que se indagan presiones desde el entorno del PP a Javier Gómez de Liaño durante su etapa como abogado de Luis Bárcenas.
Hace apenas unas semanas el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió la pieza número 37 del caso. Era la última contabilizada hasta ahora, cuando el magistrado ha decidido dar pie a otras nueve más. Al igual que ocurriera con el resto de líneas, están todavía en un estado embrionario y nacen bajo secreto de sumario para no revelar detalles del operativo. A falta de conocer la naturaleza de estos trabajos, el volumen de la causa evidencia que se está ante uno de los casos de corrupción más trascendentales de la democracia.
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