El juez del caso Villarejo ha abierto juicio oral contra todos los implicados en la trama Kitchen, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Con este paso el juez deja ya al borde de juicio a los acusados de participar en un operativo para espiar ilegalmente a Luis Bárcenas para sustraerle papeles relacionados con el caso Gürtel.
En el auto, el magistrado Manuel García Castellón rechaza por extemporánea la petición del PSOE (que litiga como acusación) de actuar contra el PP como responsable civil a título lucrativo. No obstante establece esta responsabilidad de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
La operación Kitchen se investigó en la pieza separada número 7 del caso Villarejo y en el marco de la misma se acreditó la existencia de una operación parapolicial, que estaría dirigida desde la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, para sustraerle a Bárcenas información comprometedora del caso Gürtel. Para la misma captaron al chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos Esgueva, a quien utilizaron como topo durante los años en los que duró el operativo.
La trama Kitchen, a juicio
En julio de 2021 el magistrado puso fin a tres años de investigación y procesó a los principales imputados de la trama. El magistrado dejó fuera a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, pese al criterio contrario de la Fiscalía Anticorrupción, que quería indagar más a fondo si influyeron de alguna manera en el espionaje al que fuera tesorero de los populares.
En el auto de ahora, el magistrado Manuel García Castellón incluye los delitos planteados por todas las acusaciones (Anticorrupción, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y Luis Bárcenas) como son el de revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita.
Además del exministro Fernández Díaz, de su número dos y del exchófer de Bárcenas, el juez envía al banquillo al principal acusado de este procedimiento, José Manuel Villarejo, al exdirector adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino; al exjefe de la UDEF José Luis Olivera; al exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; a los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez; al comisario Andrés Gómez Gordo y al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, 'el Gordo'.
Operación con fondos reservados
Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, el instructor rechaza la solicitud de Anticorrupción de sacarles del procedimiento y le pide que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo. Además, impone fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino; 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos; 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.
Esta línea separada del caso Villarejo se abrió en 2018 a tenor de un informe de Asuntos Internos que desvelaba la existencia de una posible operación parapolicial durante el Gobierno de Mariano Rajoy en la que habría participado Villarejo. Los hechos se remontan a julio de 2013, cuando, en pleno caso Gürtel, se habría puesto en marcha un operativo para sustraer a Bárcenas y a su mujer Rosalía Iglesias información que él conservaba del partido tras su marcha.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 determinó que Fernández Díaz "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud" encargó al exsecretario de Estado de Seguridad la "misión" de quitarle a Bárcenas estas pruebas aprovechando que se encontraba en prisión provisional por su implicación en la Gürtel. La actuación se costeó con fondos reservados del Estado y desde esta parte se abonaron mensualmente 2.000 euros a Ríos Esgueva, a quien captaron de 'topo' para la operación.
Petición de cárcel de la Fiscalía
Martínez asumió la coordinación de la operativa y Eugenio Pino su planificación y desarrollo. Éste encargó la operación a Villarejo el cual se apoyó en García Castaño. La brigada parapolicial entró en el taller que tenía Rosalía Iglesias en el barrio Salamanca y se apropió de los papeles que ocultaba Bárcenas. Él mismo confirmó que, a su salida de Soto del Real se dio cuenta de que le faltaba este material que ocultaba en dicho local.
Por estos hechos Anticorrupción pide 19 años de cárcel para Villarejo; 15 para Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo; 12 años para 'el Gordo' y Ríos Esgueva; y dos años y medio para Marcelino Martín Blas.
Bárcenas, que está personado en el caso Kitchen como perjudicado, fue más duro en su escrito de acusación y solicitó más de 40 años de cárcel para Villarejo y 33 para su exchófer. Además pidió que declarase como testigo María Dolores de Cospedal; su exjefe de gabinete José Luis Ortiz y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
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