El juez Fernando Andreu ha afirmado este jueves que se siente "el único responsable" de la excarcelación de uno de los detenidos en la Operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido "todas sus consecuencias", aunque cree que fue correcta. Así lo ha asegurado a los periodistas tras conocerse el auto en el que la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia anula la ampliación de la detención de uno de los arrestados en esta operación contra la mafia china, Kay Yang, una prórroga que afecta también a su cabecilla, Gao Ping, y al presunto responsable de extorsión de la trama, Hai Bo Li, entre otros.
"Sigo pensando que no me he equivocado", ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y "obedece" la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido "empañar" el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china. Según el auto que anula la prórroga de la detención y excarcela a uno de los imputados, el juez amplió ilegalmente el plazo de detención de 72 horas sin legalizar la situación del arrestado.
Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la "disponibilidad" de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes.
Discrepancias con el TC
El juez discrepa con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Malaya en la que se apoya el auto de excarcelación, ya que considera que se trató desde el primer momento de una detención judicial porque no se practicó ninguna diligencia policial, como sí ocurrió en la Operación Emperador. "Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial", ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado.
Ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. "El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oírles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oírles antes", ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son "habituales" en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión.
Respecto a lo que pasará a partir de ahora con este detenido excarcelado y en el caso de que los alrededor de veinte detenidos afectados por la prórroga, entre ellos Gao Ping, recurran su decisión, ha dicho que ahora los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.
