La Policía lo tiene cada vez más claro en la 'Operación Edu'. En el escándalo del fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía hubo "tráfico de influencias". Así lo refleja textualmente el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha desembocado en los últimos días en numerosas detenciones e imputaciones de empresarios por las irregularidades en la adjudicación en diciembre de 2010 de 1,5 millones de euros en subvenciones para la formación de desempleados. Como ejemplo de ello, los agentes resaltan el caso de Pablo V.H., propietario de una mercantil asentada en Vélez-Málaga y reconocido militante del PSOE. Éste presumía de contactos con el Ejecutivo andaluz, según el testimonio de varios docentes y alumnos de uno de los cursos investigados. La Policía destaca que la trama de empresas que creó a su nombre y al de familiares directos llegó a recibir medio milón de euros de dinero público en tres años.
El informe de la Policía apunta a la existencia de "tráfico de influencias" en la concesión de las subvenciones y pone como ejemplo de ello al empresario socialista
Pablo V.H. aparece mencionado en el informe como propietario de una de las 17 empresas investigadas, la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, dedicada a impartir cursos de hostelería. Durante la investigación, la Policía ha recogido declaraciones de testigos que aseguran que el militante socialista (así se presenta él mismo en el vídeo de una entrevista en una televisión local colgado en Internet) manifestaba abiertamente tener "una gran amistad" con miembros del Gobierno autonómico. Uno de los docentes incluso concretó a los agentes que la persona con la que supuestamente tenía "relación" el empresario era, en realidad, un consejero de Empleo y que gracias a ello "le habían concedido una gran cantidad de cursos".
La Policía da plena credibilidad a esta manifestación. En primer lugar, porque es respaldada también por las palabras de uno de los alumnos. Y en segundo, porque al investigar las subvenciones recibidas por la Asociación Axarquía y otras empresas del entorno familiar del empresario, descubrió que éstas "han cobrado prácticamente todos los años subvenciones públicas, más de 500.000 euros" en el periodo 2010-2012. De hecho, en su informe, los agentes detallan que en ese periodo en el que el dinero público llegó en grandes cantidades al bolsillo del militantes socialista hubo dos políticos del PSOE en dicha consejería: Antonio Fernández entre 2009 y 2010 y su sucesor, Manuel Recio, que se mantuvo hasta 2012. El primero está imputado en el 'caso de los ERE' que dirige la juez de Sevilla Mercedes Alaya e, incluso, ingresó en prisión por ello, de la que salió tras pagar una elevada fianza. Recio fue 'preimputado' en la misma causa el pasado mes de abril.
Sin embargo, la supuesta influencia de Pablo V. con la Administración no se reducía a altos cargos. La Policía también ha detectado una supuesta "relación de complicidad" con el funcionario de la Junta que debía controlar precisamente los cursos que impartía. Según destaca el informe, este último, Javier T., presuntamente hacía "caso omiso de cualquier reclamación realizada por los alumnos del curso", que eran numerosas . De hecho, varios de ellos coincidieron en señalar en los interrogatorios policiales que el material necesario para las clases se lo tenían que pagar ellos mismos pese a que debía estar incluido. Otras irregularidades denunciadas, y sobre las que el funcionario presuntamente hizo la vista gorda, fueron que se firmaba la asistencia a los cursos de algunos alumnos pese a sus ausencias o que las enseñanzas "no reunían las carateríticas técnicas exigidas, ni material ni medios de equipamiento", según denunció uno de los docentes.
Contratos a empresas del hijo
Las listas de supuestas irregularidades detectadas no se queda, sin embargo, ahí. La UDEF también ha destapado que para impartir el curso de "servicios de bar y cafetería" a 15 alumnos por el que la Asociación Axarquía recibió 60.390 euros, Pablo V. contrató a otra empresa, Andalucía Aprende SL, a la que pagó 31.680 euros, algo más de la mitad del dinero recibido por la Junta. Algo relativamente normal y legal si no fuera porque el análisis hecho de esta segunda empresa ha destapado que es propiedad de Eduardo V.L., su hijo. La Policía destaca que la sensación de impunidad que parecían tener padre e hijo era tal que ni siquiera "ocultan ni este hecho ni que ambas empresas residen en el misma sede social".
La UDEF sospecha que el empresario de Vélez-Málaga tenía una "relación de complicidad" con el funcionario de la Junta que debía controlar los cursos que impartía
No fue éste, sin embargo, el único contrato con empresas familiares. El mismo día, Pablo y su hijo volvieron a ser los protagonista de un acuerdo por el que éste último, en nombre de la Asociación Empresarial Andaluza de Formación y Empleo (ADEMFEM) recibiría de la Asociación Axarquía 19.800 euros por "servicios en relación al desarrollo de la acción formativa". "En esta ocasión tampoco ocultan siquiera que residen en el mismo domicilio social", resalta el informe policial. La UDEF también destaca que, de este modo, "de los 60.390 euros que recibe como subvención [la Asociación Axarquía], más de 50.000 euros están comprendidos en estos dos contratos que firman padre e hijo".
Todo ello sin que el técnico de la Junta de Andalucía que debía detectar este tipo de irregularidades hiciera constar nada de ello pese a que, en opinión de la Policía, "el ánimo de 'amasar' el dinero subvencionado en el mismo entorno familiar resulta evidente". Por todo ello, los agentes decidieron ir más allá de la convocatoria de diciembre de 2010 analizada y rastrearon otras subvenciones recibidas por este conjunto de sociedades con resultados también llamativos: en los dos años siguientes, 2011 y 2012, la Asociación Axarquía "ha continuado recibiendo cuantiosas subvenciones por parte de la Junta de Andalucía". En concreto una adjudicación cada uno de esos años por un total de 191.775 euros, "lo que una vez más pondría de manifiesto la absoluta falta de control sobre los requisitos exigidos para la concesión de las mismas por parte de la Administración", remata el informe. No fue la única subvención. El resto de empresas familiares también recibieron. En total, cerca de medio millón de euros. Por algo presumía de "amistad" con un consejero de la Junta.
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