La amnistía fiscal de Cristobal Montoro se ha convertido en el mejor 'defensor' de los últimos implicados en la Operación Emperador. Al menos cuatro de los empresarios imputados recientemente por el juez Fernando Andreu por un presunto delito de blanqueo y otro fiscal en el sumario contra la mafia china aseguraron en sus recientes comparecencias ante el magistrado que el dinero que consiguieron traer a España gracias a la red supuestamente liderada por Gao Ping tenía como destino último acogerse a la Declaración Tributaria Especial (DTE) del Gobierno. Fuentes jurídicas reconocen a este diario que dicho argumento puede hacer tambalearse los cargos por delitos contra la Hacienda pública que pesa sobre ellos, sobre todo para los que que se beneficiaron de la medida fiscal del Ejecutivo antes de conocer públicamente su implicación en las investigaciones.
Algunos empresarios imputados apuntan a un empleado de Credit Agricole en España como la persona que hizo las gestiones para que repatriaran el dinero
Los imputados que han asegurado hasta ahora haberse acogido a la amnistía fiscal son Antonio Banús Ferré, sobrino del célebre constructor que da nombre al puerto de Marbella, los empresarios Ignacio Miguel Bernar Elorza y María Mercedes Gómez Arbex, e Ilia García Saéz de Borbón, familiar lejana del Rey. Ésta última, en concreto, reconoció haber recibido a través de la trama utilizada por la mafia china dos entregas de dinero destinadas a su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubornirska, también imputada. La 'prima lejana' del monarca destacó que dicho dinero procedía de una cuenta con cerca de un millón de euros que esta última tenía en el banco suizo Hermitage fruto de una herencia de su familia polaca. También aseguró que su madre se había acogido el pasado mes de diciembre a la DTE, por lo que pagó a Hacienda un total de 14.000 euros.
Por su parte, Banús también reconoció tener una cuenta en el país helvético y haberse beneficiado de la reciente amnistía fiscal, aunque en su caso negó ningún trato con la mafia china pese a que la Policía grabó encuentros de él con una de las principales piezas de la trama de blanqueo, la ciudada israelí Malka Mamman. Los otros dos empresarios, Ignacio Miguel Bernar Elorza y María Mercedes Gómez Arbex. coincidieron en asegurar al juez que desde sus depósitos en el país helvético realizaron transferencias a China a cambio de recibir en España determinadas cantidades de dinero que necesitaban para regularizar su situación fiscal. Eso sí, los dos negaron conocer que con esos movimientos de dinero estuvieran colaborando con la red de Gao Ping a evadir y blanquear el dinero que ésta obtenía de sus supuestas actividades delictivas en España.
El papel del banquero de Credit Agricole
Según fuentes jurídicas, algunos de estos empresarios aseguraron al juez que ellos desconocían que en la repatriación de su dinero desde los paraísos fiscales se hubiera cometido un delito y señalaron que de todas las gestiones, incluidas las órdenes de transferencias a China, se había encargado presuntamente un empleado en España de Credit Agricole en España que gestionaba sus cuentas: Jorge Torner Garrido. Según estas fuentes, éste les entregaba el dinero en metálico en el despacho que tenía en la céntrica sede que la entidad financiera tiene en la capital a cambio de una comisión que rondaba el 2% del importe total lo que les hizo pensar que era un 'servicio' más de la entidad. Ésta, sin embargo, desconocía las actividades de su directivo. Torner fue detenido el 16 de octubre y su oficina registrada aquel mismo día en busca de pruebas.
En la segunda tanda de 'clientes' citados a declarar, habrá personas que no aparecían en el sumario pero que han sido involucrados por los que ya han comparecido
Frente a los cuatro imputados que reconocieron abiertamente al juez tener tanto cuentas en el extranjero como haberse acogido a la amnistía fiscal, el resto de los supuestos 'clientes' de la mafia china que ya han declarado han mantenido una actitud dispar frente a las acusaciones. Así, varios han optado por el silencio como estrategia de defensa. Es el caso de José Antonio Fernando Gil González, apoderado del Grupo Salermar 98, empresa presidida por Fernando Sarasola. En el sumario se recoge que supuestamente realizó transferencias preriódicas al gigante asiático desde una de las cuentas de esta mercantil a cambio de entregas de dinero en metálico. También optó por no declarar el aristócrata Francisco de Borja Otero, quien incluso se negó a escuchar las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación que presuntamente prueban su relación con la trama.
Otros, sin embargo, sí declararon, aunque en todos los casos para negar cualquier intención delictiva en sus relaciones con la mafia china. Así, el banquero Enrique Lasarte aseguró al magistrado que el pago de 100.000 euros en efectivo que recibió de la red de Gao Ping era en realidad “un préstamo” que había pedido a un amigo suyo porque se encontraba en un momento de “necesidad económica”. Lasarte ya había negado a Vozpópuli el día antes de su comparecencia en la Audiencia Nacional tener ninguna cuenta en Suiza "ni en ningún otro sitio". Quién sí reconoció haber sido titular de una fue el abogado Enrique Ortega, quien recalcó al juez que eso "es legal". Ortega insistió que tampoco él tenía nada vez en la trama y que su nombre hubiera aparecido en las pesquisas era culpa de un cliente de su bufete "al que también le implican en este tema", según reconoció a este diario. También declaró José Leandro Torrontegui, nieto de la aristócrata Cuqui Fierro, quien en sus confusas explicaciones sobre el destino del dinero que recibió terminó involucrando supuestamente a otro miembro de la familia cuyo nombre no había aparecido hasta ese momento en las investigaciones. Sí había salido el de su padre, fallecido hace unos meses.
La segunda tanda de imputados
En total, han sido una quince de 'clientes' de la mafia china los que ya han declarado ante el juez acusados de blanqueo. Sin embargo, no serán los últimos, aunque la siguiente 'tanda' de citaciones aún se demorará algunas semanas, según fuentes jurídicas. El juez Andreu quiere antes retomar otro de los flecos de la investigación, en concreto, aquel que afecta a varios miembros de la Policía que supuestamente daban trato de favor a integrantes de la mafia china. Ya cuando se realizó el grueso de las detenciones el pasado mes de octubre, fueron arrestados un inspector y un guardia civil. Ahora, un informe de la UDYCO ha permitido poner nombre y apellidos a varios más.
Tras ellos, el instructor reaundará las pesquisas contra los empresarios y nobles que blanqueaban a través de la red de Gao Ping. Según fuentes jurídicas, para esta ocasión pretende, por un lado, llamar a otros 'clientes' que, como los que han prestado declaración hasta ahora, aparecen mencionados en los informes policiales. Y, además, otro grupo formado por aquellos que, de los testimonios prestados hasta ahora, se han visto salpicados por la sospecha de haber participado de un modo u otro en las maniobras para traer desde paraísos fiscales el dinero oculto sin pagar al fisco. Una segunda tanda en la que, según aseguran fuentes conocedoras, aparecerán apellidos conocidos. Sólo queda saber si también ellos esgrimirán la amnistía fiscal para intentar eludir, al menos, el delito contra la Hacienda del que se les acusa.
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