Finalmente ha sido elevado a nueve el número de personas detenidas en la segunda fase de la Operación 'Heracles', encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como por Madrid, Segovia y Barcelona, y fuentes de la Guardia Civil han manifestado a Europa Press que tres de los nueve detenidos corresponden a la provincia de Sevilla, dos a Córdoba, dos a Málaga, uno a Segovia y a Cádiz.
La detención se enmarca en un nuevo operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la corrupción dentro de la investigación del caso ERE que dirige la juez Mercedes Alaya, y que en una primera operación se saldó con la detención de 22 personas, algunos de ellos aún en prisión.
En la provincia de Sevilla ha trascendido la detención de Enrique Rodríguez Contreras, actualmente responsable del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla. También ha sido detenido el empresario José María Sayago, vinculado con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, además de los dos dirigentes sindicales.
El secretario de UGT de Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Organización de Industria Textil de CCOO de Andalucía Juan Antonio Florido también están en la lista de los detenidos en esta segunda fase de la 'Operación Heracles'.
Desde primera hora de la mañana se desarrollaron varios registros en diversos puntos de Sevilla, entre ellos distintas dependencias oficiales, atendiendo a la orden la juez, que obedece a la investigación sobre las facturas falsas en el sindicato UGT, según las fuentes, que han indicado que no se descartan más detenciones porque la operación sigue abierta.
El sumario por las facturas falsas de UGT fue asumido la semana pasada por la juez Alaya por considerar que guardaba relación con la presunta financiación irregular de los sindicatos que ella investiga desde marzo pasado.
