La juez que investiga los ERE fraudulentos ha enviado esta mañana a prisión al exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y al intermediario Juan Lanzas. El abogado de este último ha dicho que puede explicar los 82.000 euros que la Guardia Civil encontró bajo la cama de sus padres. Con Albarracín y Lanzas, que recibieron el auto de prisión a las 06.45 horas, se elevan a cuatro las personas encarceladas en la nueva rama centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras de los ERE, un caso que acumula ya 60 imputados.
Ambos se unen así a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta que ingresó en prisión el día anterior, y a Juan Francisco Algarín, encarcelado en enero como testaferro de varias empresas empleadas para introducir en el circuito financiero las comisiones que cobraban.
La juez Alaya, que se acaba de reincorporar tras una baja por enfermedad de seis meses, ha mantenido una jornada maratoniana que empezó a las 11.00 horas del jueves y concluyó en la mañana de hoy viernes, durante la cual tomó declaración a cuatro personas, de las que dejó libres a dos: Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, y Jesús Bordallo, ex director comercial de Vitalia en Andalucía.
Según los autos de prisión, el ex director general constituía el centro de una trama convertida en "un verdadero negocio" en la que percibía "dádivas o presentes a cambio de las cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras" que se encargaban de tramitar losERE financiados por la Junta.
Las investigaciones de la Guardia Civil indican que Guerrero y su esposa llegaron a percibir 249.000 euros en transferencias de menos de 3.000 euros de las mediadoras en los ERE, han informado a Efe fuentes del caso.
Abogados presentes en las actuaciones han comentado a los periodistas que la juez Alaya ha dado muestras de nerviosismo y cansancio según avanzaba la madrugada, aunque el agotamiento era visible en varios letrados e imputados que llevaban en el juzgado desde que habían sido citados a las 11.00 de la mañana del jueves.
La juez decretó prisión para Juan Lanzas, un exsindicalista de UGT que se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque su comparecencia se ha prolongado una hora debido a que la juez le ha leído el listado de irregularidades que le imputa.
Su abogado, Pablo Luna Quesada, ha dicho a los periodistas que Lanzas puede justificar los 82.000 euros que los perros adiestrados de la Guardia Civil encontraron el miércoles en una maleta bajo la cama de sus padres, ya que era un dinero que había sacado para que su familia pudiese vivir en previsión de su ingreso en prisión.
El letrado ha rechazado los argumentos de la juez para ordenar la prisión de Lanzas ya que "nunca ha pretendido sustraerse a la acción de la Justicia y no puede destruir pruebas o influir sobre otros imputados porque el proceso está tan avanzado que todas las fuentes de prueba están en el juzgado".
Lanzas ha quedado ingresado en la cárcel de Sevilla-1 y Algarín en la de Morón de la Frontera (Sevilla), han informado a Efe abogados personados en la causa.
Entre otros, las investigaciones que la Guardia Civil realizaba desde noviembre pasado, cuando la juez decretó el secreto del sumario, han localizado un total de 5,8 millones de euros cobrados por Lanzas, de los que 2,8 millones están ocultos y no han florecido y otros cinco millones proceden de los ERE de Nueva Rumasa.
El segundo acusado que ha ingresado en prisión es Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia acusado de apropiarse de 3,7 millones de euros y cuya esposa fue detenida el pasado miércoles en Madrid y se encuentra aún en los calabozos de Sevilla a la espera de pesar en las próximas horas a disposición de Alaya.
En cuanto a Ponce, ha sido imputado porque el testaferro Juan Francisco Algarín declaró a la juez que en numerosas ocasiones recogió sobres con dinero en las oficinas de Mercasevilla y en las proximidades de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla.
Ponce se ha acogido a su derecho a no declarar y la juez le ha dejado libre con la única obligación de depositar su pasaporte en el juzgado.
Por la causa de los ERE ya cumplieron varios meses de prisión el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo, este último citado de nuevo hoy para declarar ante Alaya.
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