La 'Operación Edu' ya está en los juzgados. En concreto, en los de la ciudad de Málaga. La Fiscalía ha presentado este martes finalmente un denuncia por las irregularidades detectadas en los cursos para parados adjudicados en esta provincia en 2010, según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación. El caso, pendiente del reparto del decanato, aún no ha sido adjudicado a ningún juzgado concreto. Las pesquisas, iniciadas hace más de un año por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, señalan a 17 empresas como presuntamente implicadas en un fraude de 1,5 millones de euros, aunque los indicios apuntan a que el escándalo afecta a otras convocatorias y otras provincias, y, por tanto, el importe es muy superior.
La decisión de la Fiscalía se produce después de una reunión en Anticorrupción y de que la juez Alaya haya dado los primeros pasos para quedarse con el caso
La decisión del Ministerio Público se produce después de que los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF hayan entregado en los últimos meses hasta cuatro informes, el último de 1.700 folios, detallando las irregularidades tras interrogar a más de 300 personas que figuraban en la documentación de estos cursos como alumnos y a un nutrido número de tutores de los mismos. La abundante documentación probatoria motivó el pasado 22 de mayo una reunión en Madrid de los fiscales de varias provincias andaluzas con el máximo responsable de Anticorrupción, Antonio Salinas, para decidir qué línea a seguir ante la dimensión del escándalo. Finalmente, el Ministerio Público ha optado ir paso a paso, provincia a provincia, a la espera de ver cómo avanzan las pesquisas que la Policía ya ha iniciado en otras provincias.
Alaya, tras el caso
El caso también ha despegado el interés de la juez Mercedes Alaya, célebre por instruir el 'caso de los ERE', quien el pasado mes de mayo pidió a la Fiscalía de Málaga copia del último informe que la UDEF le había remitido sobre este fraude. Su objetivo: estudiar si hay conexiones entre estas diligencias, las número 206/2013, con otras investigaciones abiertas por ella para, de este modo, reclamarlas. Es el primer paso para hacerse cargo de unas pesquisas que han provocado un auténtico terremoto político, sobre todo en Andalucía, desde que Vozpópuli desvelase su existencia el pasado 11 de abril.
La magistrada lleva semanas maniobrando para hacerse cargo del caso, sobre todo desde que un reciente informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es con quien trabaja en el 'caso de los ERE', afirmase que su juzgado, el número 6 de Sevilla, era el que llevaba más tiempo investigando un caso de fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía. En concreto, desde el año 2009, cuando abrió una pieza separada del célebre caso que instruye y que mantuvo secreta hasta hace sólo unos meses. Su existencia se conoce, de hecho, sólo desde octubre, cuando la juez ordenó al Instituto armado una operación en toda Andalucía en la que se registraron diversas sedes de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre ellas la principal de Sevilla y el archivo que el sindicato tiene en la ciudad de Córdoba.
