Los agentes de Policía José María Ballesteros y Enrique Pamiés, condenados en firme por dar el chivatazo a la red de extorsión de ETA en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006, llevan más de un año esperando a que el Gobierno de Mariano Rajoy se pronuncie sobre si le va a conceder o no el indulto que solicitaron en julio de 2014.
Tanto el tribunal sentenciador –la Sección Tercera de la Audiencia Nacional- como la Fiscalía que encabeza Javier Zaragoza se oponen a que el Ministerio de Justicia conceda la medida de gracia a los policías. El exjefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito de revelación de secretos. Fueron absueltos de colaboración con banda armada.
El Ministerio de Justicia explica que los indultos suelen resolverse en el plazo de un año
Sin embargo, han pasado doce meses desde que Justicia recibió las dos solicitudes de indulto y todavía no ha resuelto las mismas. Fuentes del departamento que dirige Rafael Catalá, consultadas por este periódico, explican que el tiempo medio de resolución de las medidas de gracia no exceden "normalmente" de doce meses mientras que, en este caso concreto, sí que supera ese espacio de tiempo.
Ambos solicitaron de forma inmediata el indulto al Gobierno. Semanas después de registrarse estas peticiones, que fueron en un primer momento tramitadas con gran celeridad por el Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional acordó que se debía paralizar la ejecución de la sentencia firme del Alto Tribunal mientras se resolvían las medidas de gracia.
Pendientes del amparo ante el TC
En el Ministerio son conscientes de que la decisión que adopten respecto a estos dos agentes será mirada con lupa por las asociaciones de víctimas del terrorismo. A esto se une que gran parte de ellas se sienten olvidadas y marginadas por este Gobierno. En contraposición, también existe cierto sentimiento entre los agentes de policía de que éstos tienen que ser 'perdonados' por el Gobierno. De hecho, los compañeros de profesión de Pamiés y Ballesteros promovieron una campaña de recogida de misivas a favor de que el Ejecutivo los indultase, argumentando que ambos agentes han dedicado más de treinta años de su vida a la lucha antiterrorista.
Además, se da la circunstancia de que, tanto Enrique Pamiés como José María Ballesteros, han recurrido al Tribunal Constitucional para que les conceda el amparo judicial. De hecho, podría darse la circunstancia de que el tribunal de garantías resolviese el amparo antes de que el Ejecutivo se pronuncie sobre sus indultos. Este escenario supondría un alivio para el Gobierno que evitaría así tener que pronunciarse sobre las polémicas medidas de gracia.
En el caso del inspector Ballesteros, que el Constitucional le otorgara el amparo, sería el mejor de los escenarios posibles ya que el agente se acogió a una prejubilación
En el caso del inspector Ballesteros, que el Constitucional le otorgara el amparo, sería el mejor de los escenarios posibles ya que el agente se acogió a una prejubilación tras conocer que el Supremo ratificaba su condena por dar el soplo a la red de extorsión de la banda terrorista ETA. De esta forma, el agente se encuentra ya fuera de Cuerpo Nacional de Policía, pero no ha visto resarcidos los "daños" que se le han causado y que lo han llevado a caer en una profunda depresión. El agente mantiene a día de hoy que "recibió órdenes de arriba" y que él es inocente.
Por su parte, el policía Enrique Pamiés alegó a la hora de pedir el indulto que ha "consagrado" toda su vida a "erradicar" el terrorismo, habiendo participado en la desarticulación de más de medio centenar de comandos de ETA, grupos de kale borroka y marcas blancas de Batasuna.
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