Está considerado como el responsable de la contabilidad de una de las mayores tramas de corrupción destapadas en España: la red Gürtel. Su pendrive, ese que la Policía intervino a José Luis Izquierdo cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó practicar una decena de detenciones y entradas y registros en febrero de 2009, y que el líder de la trama Francisco Correa llamó el 'puto pendrive', fue clave para destapar la Gürtel. En él, el contable guardaba las distintas cajas opacas –Izquierdo almacenaba archivos denominados caja B, pagos caja B o caja B actual, entre otros- de la supuesta organización criminal.
Sin ese pendrive, quizás la Policía no habría podido acumular tanta información de la trama ni habría descubierto nombres como el del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuyas siglas (L.B) aparecieron por primera vez en ese dispositivo de memoria externa. Siete años después el propietario del polémico pendrive vuelve a pedir al tribunal que anule el caso Gürtel.
En un escrito de defensa presentado en la pieza separada de Boadilla del Monte, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa de Izquierdo ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional que anule las "actuaciones derivadas de las grabaciones ilegales ordenadas por el ex juez Garzón". El letrado Jaime Baquero sostiene que "es sabido que quien era titular de este juzgado hasta después de iniciada esta causa ordenó unas escuchas ilegales entre personas que estaban en prisión y sus abogados. (…) Estamos seguros de que esas conversaciones quebraron definitivamente las líneas de defensa no sólo de los señores afectados, sino de todos los demás que hayan tenido algo que ver con ellos. Por ello debe considerarse esa nulidad provocada en cadena por las ilegales grabaciones".
Anticorrupción solicita siete años y medio de prisión para Izquierdo por delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil
Asimismo, la defensa del contable de la trama Gürtel niega que Izquierdo tuviera relación con el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alías El Albondiguilla, ni con el jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad César Tomás Martín Morales ni tampoco con el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch Tejedor, todos ellos acusados en este procedimiento judicial.
Además, su abogado recalca que su cliente era "un mero trabajador administrativo, un empleado más, sin jeararquía y sin capacidad de tomar decisiones" dentro de Gürtel. En esta misma línea de defensa, se recalca que la facturación de la presunta red de corrupción no dependía de José Luis Izquierdo "ni era controlado por él, siendo absolutamente inveraz que hubiese cooperado de ninguna forma y mucho menos hubiera dado instrucciones de nada".
"El señor Izquierdo era un mero auxiliar administrativo, que recibía instrucciones de sus superiores, que no tuvo nunca el dominio funcional ni material de los hechos de que trata el presente procedimientos, y que sólo ha tenido a lo largo de estos ya muchos años los padecimientos que se derivan de hallarse imputado por unos presuntos delitos que, si existen, a él no pueden serle atribuidos", subraya su abogado en el escrito enviado al juez José de la Mata.
En contraposición, la Fiscalía Anticorrupción solicita por la Gürtel de Boadilla una pena de siete años y medio de prisión para José Luis Izquierdo por delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
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