El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha validado todas las pruebas del sumario en el que se investigan las actividades del 'caso Gürtel', al considerar que no fueron obtenidas a partir de las escuchas autorizadas por su antecesor, Baltasar Garzón, entre los líderes de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo.
En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 cierra la pieza sobre posibles nulidades que abrió en abril de 2010 el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, y avala las diligencias practicadas antes y después de que se autorizaran las escuchas, por las que en febrero de 2012 el Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación.
De esta manera, el juez instructor avala todas las grabaciones que obran en el sumario, incluyendo la conversación en la que Correa reconocía al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas que había "llevado mil millones de pesetas" al extesorero Luis Bárcenas; el pen drive con la contabilidad B de la trama incautado al contable, José Luis Izquierdo; y la documentación intervenida en varios registros.
No existe "causalidad"
Ruz, que ha rechazado la pretensión de nulidad solicitada por las defensas de los principales acusados en este procedimiento, se basa en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo para señalar que no existe "causalidad" entre las grabaciones autorizadas por Garzón, que fueron realizadas entre febrero y mayo de 2009, y el resto de pruebas del sumario.
En su auto el instructor argumenta que las grabaciones no se produjeron en el origen ni en el momento inicial de la investigación sino "en un momento ulterior en el que ya se habían acordado diligencias como intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios (con incautación del vasto policial actuante y unidades periciales de auxilio judicial) y otras derivadas".
Así, Ruz considera que la nulidad de la totalidad de la instrucción del caso "carece de fundamento", toda vez que "difícilmente podrá argumentarse la existencia de una relación o conexión de causalidad entre las intervenciones de las comunicaciones en prisión declaradas ilícitas y el amplio conjunto de diligencias y actuaciones practicadas en fecha anterior y que convierte en estéril e innecesario el debate".
La nulidad fue solicitada por las defensas de Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el testaferro del primero, Antoine Sánchez; al que se adhierieron las representaciones del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y otros seis imputados. De igual forma confirma el auto que el instructor, Pablo Ruz, dictó en mayo pasado.
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