La investigación del juez Castro sobre el desvío de fondos del Valencia Summit al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin acaba de encontrar una nueva irregularidad en el camino. Los testigos que han declarado este fin de semana a petición del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, han sido “preparados” por el propio Alfonso Grau. Es lo que han revelado algunos de ellos a lo largo del interrogatorio en el que deslizaron que se les había dicho que “tenían que corregir” su declaración inicial en la que responsabilizaban al vicealcalde valenciano de las contrataciones con Urdangarin.
Según han revelado fuentes de la causa, tanto el juez Castro como el Fiscal, Pedro Horrach, han comprobado que los testigos fueron citados por el propio Alfonso Grau 72 horas antes de que se produjera el interrogatorio para “instruirles” en el sentido de su declaración. Los testigos fueron convocados el pasado miércoles día 26 a las 7 de la tarde a una reunión en la que el propio Grau “llevó la voz cantante”, según una de las personas citadas. Los testigos han revelado a la Fiscalía y a las acusaciones que recibieron una llamada de convocatoria de Loles Edo, secretaria del subdirector del patronato, para que “aunaran criterios”. La reunión duró más de dos horas y en ella estuvo presente uno de los abogados del vicealcalde que –según fuentes de la causa—llegó a sugerir los términos exactos en que los patronos debían expresarse para corregir su primera declaración en la que habían implicado a Grau.
El vicealcalde de Valencia citó a los testigos para instruirles en su declaración con el argumento de que debían "aunar criterios"
Dos testigos confirmaron esas reuniones: Gabriela Sales Escrivá, a la que el juez interrogó por esas cuestiones y el propio Director-Gerente, José Salinas Novella, a quien el magistrado interrogó sobre esa sesión. Salinas aseguró que el objetivo “oficial” de ese encuentro había sido “revisar las actas” de adjudicación de contratos a la empresa de Iñaki Urdangarin. El juez investiga si el Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), pagó al Instituto Nóos del duque de Palma 4,5 millones de euros de manera irregular por servicios para las tres ediciones del Valencia Summit.
El juez, contrariado ante la “contaminación de pruebas”
El juez Castro se ha mostrado abiertamente contrariado ante lo que considera una “contaminación de las pruebas” y la acusación popular ejercida por Manos Limpias estudia ahora si presentar cargos por falso testimonio contra alguno de los testigos instruidos por el vicealcalde valenciano, según fuentes de la acusación.
El juez había citado a declarar a petición de Alfonso Grau a 15 testigos: a los 13 miembros del Patronato de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), así como a un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado y a un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid, autor de varios dictámenes incorporados a la causa a petición del vicealcalde valenciano.
La segunda reunión de ese tipo
La reunión de Grau con los patronos es la segunda que las mismas fuentes han denunciado. La primera tuvo lugar entre marzo y abril antes de su primera declaración. A ella asistieron el vicealcalde de Valencia, el secretario y Director-Gerente, José Salinas Novella y el abogado de la Fundación, Mariano Ayuso. En ese primer encuentro, Salinas presentó a los allí convocados y dejó la palabra a Grau, que se encargó de instruir a los patronos de cuál debía ser el sentido de su declaración: se debía atribuir la decisión de forma común a todo el patronado en lugar de personalizar la toma de decisiones en Grau, quien había presentado los proyectos “y no dejaba más margen que votar que sí”, aseguran fuentes presentes en aquel encuentro. A la segunda reunión ahora denunciada, no acudieron todos los patronos. De hecho, la mayoría de ellos se ausentó, conscientes de que se pretendía repetir la maniobra, aseguran las mismas fuentes.
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Posible pieza separada
Según las fuentes del interrogatorio, el juez Castro llegó a apercibir a los testigos de que podrían estar incurriendo en falso testimonio y les advirtió que podrían enfrentarse a penas de cárcel por este asunto, para sorpresa del propio abogado de Grau, Jesús Bonet. El magistrado plantea ahora incluso abrir una pieza separada para investigar si ha habido presiones a los testigos, algo que Castro no decidirá por el momento.
Grau se negó a dimitir y aseguró que "no estaba imputado" y añadió que no hacía declaraciones negando esa acusación "porque le daba la gana". Si alguien esperaba que "me iba a marchar, olvídenlo", concluyó 17 días antes de citar a los testigos a la reunión en la que --según denuncian los patronos que han declarado-- Grau les dijo lo que debían afirmar.
