La Fiscalía Anticorrupción pedirá que la infanta Cristina abone en torno a 600.000 euros por responsabilidad civil, la mitad de lo percibido por Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados entre 2033 y 2007. Esta petición quedará recogida en el escrito de acusación del 'caso Nóos' que está preparando la Fiscalía Anticorrupción para cuando finalice la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen, señala Efe. La infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.
La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50% de Aizoon con su marido Iñaki Urdangarin de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito, tal como determina el artículo 122 del Código Penal.
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrió la puerta a reclamar dicha responsabilidad a doña Cristina en el escrito que dirigió al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en noviembre de 2013, en el que se oponía a la posibilidad de que fuera citada a declarar como imputada. En ese escrito, afirmaba que "no hay un solo elemento de prueba" que vincule a la infanta "con actividades delictivas propias o ajenas", pero puntualizaba: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)".
También el juez instructor, José Castro, adelantó la posibilidad de que, aunque quedara descartada la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de dinero, se podría considerar a la infanta "participante a título lucrativo" en los presuntos actos ilícitos de Urdangarin. "Este precepto es totalmente aséptico de cualquier elemento intencional y solo requiere el dato objetivo de haberse lucrado de los efectos de un delito o falta", recordaba Castro en el auto de imputación de la infanta del pasado 7 de enero.
El instructor planteaba esta hipótesis para defender que, si cabe la posibilidad de pedir a doña Cristina que devolviera el dinero presuntamente ilícito del que se lucró, es preciso "brindar a tal persona la posibilidad de escuchar su versión".
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