Silva sigue siendo alto dirigente de Unió Democrática y es uno de sus expertos jurídicos que mejor conoce desde el principio el ‘caso Pallerols’. Su mediación con la Fiscalía del Estado que dirige Eduardo Torres-Dulce ha sido de lo más eficaz, según fuentes de CiU, ya que ha conseguido librar de un largo juicio a la media docena de acusados con el argumento de que Unió empleó unos fondos desconociendo la ilegalidad de su origen y, por tanto, no cabe hablar de culpabilidad ni de financiación irregular de su partido.
El pacto con la Fiscalía ha evitado a Unió un juicio de, como mínimo, cuatro meses, en el que Durán i Lleida tendría que haber comparecido como testigo
Manuel Silva es miembro electivo del Consejo de Estado y mantiene relaciones estrechas con el bufete del ex ministro del PP y miembro también de esta institución José María Michavila. Como miembro de Unió, fue diputado en el Congreso entre 1993 y 2008, donde aprovechó su formación como abogado del Estado para ser ponente en la mayoría de las leyes que tuvieron contenido económico y procesal.
Los argumentos que ha dado por buenos la Fiscalía para evitar el juicio a los acusados están contenidos, en parte, en un documento interno elaborado por Unió para exculpar a los actuales dirigentes de esta formación de cualquier responsabilidad. En su texto se recuerda que los hechos enjuiciados ocurrieron hace 18 años, que los implicados dejaron de militar hace tiempo en la formación democristiana y que el propio Tribunal Supremo declaró que no había indicios de resoluciones prevaricadoras y que, incluso, un Juzgado instructor llegó a archivar las actuaciones al entender que no había indicios de delito.
Los hechos que han librado a Unió de, como mínimo, cuatro meses de juicio, y a Durán i Lleida de comparecer en la vista como testigo, giran sobre el desvío de subvenciones procedentes de la Unión Europea que estaban previstas para la formación de parados en Cataluña. En el arreglo donde ha mediado Manuel Silva se han incluido reducciones de penas para varios de los acusados, la devolución de casi 400.000 euros a las arcas de la Generalitat y el pago de más de 250.000 euros en concepto de multas.
La Fiscalía niega cualquier trato de favor ya que el acuerdo implica el reconocimiento de culpabilidad por parte de los acusados y la devolución de fondos públicos
Desde la Fiscalía se ha negado cualquier trato de favor y se defiende el pacto de conformidad al que se ha llegado con las acusaciones particulares, que implica el reconocimiento de culpabilidad y, al mismo tiempo, la devolución de fondos públicos.
El empresario andorrano Fidel Pallerols, que ha aceptado una pena de siete meses de cárcel por un delito de fraude de subvenciones, es el que da nombre al caso pues fue el principal responsable de la organización de los cursos de formación ocupacional con los que se cometió el engaño. En el informe redactado por Unió se mantiene que la mayoría del dinero desviado se destinó a regalos y pagos de dinero.
Cuando este partido conoció en los años noventa la relación de Pallerols con algunos de sus altos cargos, nombró una comisión de investigación interna que dirigieron el profesor de Esade Antoni Marzal, el director del Centro Internacional de prensa Ernest Udina y el catedrático universitario Eduard Berenguer. Sus conclusiones fueron parecidas a las que ha han extraído ahora los fiscales del caso.
Unió mantiene que las conclusiones alcanzadas ahora por los fiscales son las mismas que las que expuso en los noventa la comisión de investigación interna
Durán i Lleida, que regresa a España este martes, se encontrará con que el suflé del escándalo ha bajado bastante ya que ERC es la única fuerza que sigue insistiendo, sin altos decibelios, en su dimisión. Desde Chile, donde participó la semana pasada en unas jornadas organizadas por los democristianos, dejó claro que no piensa dimitir como diputado ya que las actuaciones judiciales han demostrado que los actuales dirigentes de Unió no han tenido ningún tipo de participación ni tampoco beneficio personal en el caso. La frase que ha estado a punto de cavar su tumba la pronunció en 2000 cuando prometió que tiraría la toalla si se probaba que había habido financiación irregular.
