Se estrecha el cerco judicial contra dos ex altos cargos de Convergència i Unió (CiU) y hombres de confianza del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Macià Alavedra y Lluís Prenafeta están en el núcleo del denominado caso Pretoria, que investiga la justicia en Barcelona por enriquecimiento a través de promociones urbanísticas en la capital catalana.
En su escrito de calificación, Anticorrupción pide la máxima pena -8 años de cárcel y multas que suman 22,6 millones por diversos delitos- para el presunto líder de esta trama Luis García, 'Luigi', y 6 años y 10 meses de cárcel y multa de 4,1 millones para el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz. Además, reclama el decomiso de las ganancias obtenidas de forma ilícita a través de esta trama: 5,8 millones de euros a Prenafeta y a Luigi, respectivamente, y 3,2 a Alavedra y 1,1 a Muñoz.
El entorno de Pujol está acusado de delitos continuados de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
La Fiscalía ha emitido su escrito de calificación después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz propusiera el pasado 18 de diciembre llevar a juicio a 11 imputados en esta trama, que se calcula defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres durante la etapa en la que Jordi Pujol presidía la Generalitat de Cataluña. En general, entre multas y decomisos, Anticorrupción pide un total de 93 millones de euros para los once imputados, a los que acusa de los delitos tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales.
Decisiva investigación del juez Pablo Ruz
La Audiencia Nacional, tras más de cinco años de investigación del caso Pretoria, ha concluido la investigación de uno de los casos más mediáticos de corrupción urbanística y política en España. Once personas, entre los que destacan el ex diputado del PSC Luis García se sentarán en los próximos meses en el banquillo acusados de los delitos de tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales.
En su auto, el juez Pablo Ruz consideró que la investigación del caso Pretoria caso Pretoria acredita la existencia de una “trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal” de las localidades de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.
Esta trama estuvo activa desde el año 2000 hasta las detenciones de octubre de 2009 y que pivotaba sobre Luis Andrés García, conocido popularmente con el apodo de Luigi, quien se encargaba de cobrar para la trama “cuantiosas comisiones que después se ocultaban mediante complejos entramados societarios y financieros» situados en paraísos fiscales”.
Lluis Prenafeta: se cae el entorno de Pujol
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha sido especialmente explícita con el que fuera número dos de Pujol, Lluis Prenafeta, al que acusa de varios delitos y pide para él diversas penas. La primera acusación es por "delito continuado de tráfico de influencias" con una pena de 11 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 301.380,16 € con arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 años- de 4 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-.
El fiscal le acusa también de un segundo delito continuado de tráfico de influencias, por el que pide una pena de otros once meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y otra multa de 974.400 € con arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 años- de 5 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-.
El fiscal ha introducido una novedad: decomisar las ganancias ilícitas, que en el caso de Prenafeta ascienden a 5.831.060,09€
Por un delito continuado de blanqueo de capitales, el fiscal pide para Prenafeta otra pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12.493.180,27€ con arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 años- de 1 año prisión en caso de impago -art. 53 CP-.
Igualmente, y esta parte de la petición de la Fiscalía es muy importante, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.5 del CP, se pide el decomiso de las ganancias ilícitas obtenidas por el mismo y que ascienden a 5.831.060,09€. Del abono de esta responsabilidad pecuniaria el fiscal fija como solidaria a la sociedad POLIAFERS SA hasta un importe de 637.890,08€.
Maciá Alavedra: la caída de otro tótem del pujolismo
Como a Prenafeta, la Fiscalía Anticorrupción acusa a otro exalto cargo de Pujol, Maciá Alavedra, de dos delitos continuados de tráfico de influencias –pide 22 meses de prisión y dos multas de 300.977€ y de 974.400€- así como de un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que pide una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como una multa de 9.029.309,84€.
De igual manera, el fiscal quiere que para el abono de esta responsabilidad pecuniaria responda solidariamente su sociedad VERSABITUR SL hasta un importe de 637.688,88€.
