El Ministerio de Hacienda que dirige en funciones Cristóbal Montoro asume protagonismo en la investigación del 'caso Púnica'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha encargado a la Unidad de la Agencia Tributaria (AEAT) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción que sea ella la que analice la abundante documentación que reclamó el pasado mes de julio al Gobierno de Cristina Cifuentes sobre la empresa pública Arpegio Areas de Promoción Empresarial SA, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. El magistrado pidió entonces a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera "urgente e inmediata" toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y a un sin fin de contratos de obras públicas incluidos en el llamado Plan Prisma ante la sospecha de que el presunto cabecilla de la trama, el ex consejero Francisco Granados, amañó los mismos para lucrarse. Esta es la pieza el sumario que salpica a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cifuentes, a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de estas presuntas 'mordidas'.
La documentación que ahora analizarán los expertos de la AEAT es la que el juez pidió al Ejecutivo de Madrid en julio sobre el Plan Prisma y 22 consorcios urbanísticos
De este modo, una parte relevante de la investigación en esta pieza separada del sumario que el magistrado abrió precisamente por "las declaraciones iniciales" del antiguo socio de Granados, pasa a manos de Hacienda, cuyo papel en la causa hasta ahora había sido secundario al limitarse a la elaboración de diversos informes sobre la situación fiscal de investigados y empresas. En uno de ellos, detallaba precisamente parte de la operación de blanqueo de 4,2 millones de euros que el constructor realizó con una falsa compraventa de obras de arte. Ahora, sin embargo, el encargo va más allá en una línea de investigación con evidentes conexiones políticas, ya que afecta a González Taboada y otros altos cargos de Cifuentes que en le etapa de Granados como consejero ya ocupaban puestos de responsabilidad. Sus pesquisas servirán de refuerzo a las ya realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la que hasta ahora ha realizado las 'visitas' a la sede de Arpegio para recabar diversas documentación y que, de hecho, seguirá llevando el peso de la investigación.
En concreto, el juez quiere que los expertos de la Agencia Tributaria analicen nueve documentos que ha pedido a la Comunidad de Madrid relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica, así como el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También que estudien los acuerdos por los que Granados designó a González Taboada como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos y el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. Todo ello, junto a los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se designaba a los integrantes de la Mesa de contratación.
Los contratos de la empresa DUSA
El magistrado ha ordenado también que sea Hacienda la que rastree las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Para ello, le ha entregado los expedientes de adjudicación de ocho contratos a dicha sociedad. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha compañía los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y"prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y la del arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.
Buena parte de las pesquisas se centran en ochos contratos de "obras y servicios" adjudicados a la empresa DUSA por 9,8 millones de euros.
Otros contratos cuya documentación va analizar ahora la Agencia Tributaria son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente también rastreará las copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata.
Como apuntaba en el auto por el que solicitó el pasado mes de julio toda esta documentación al Ejecutivo de Madrid, el juez Velasco sospecha que todos estos contratos se adjudicaron de manera supuestamente irregular "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que aquel escrito judicial no daba su nombre. Diversas fuentes apuntan a que se trata de González Taboada, actual número 3 del Gobierno madrileño, ya que en actas de Arpegio figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, estas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el vicecconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo bajo sospecha ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente.
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