Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Asamblea de Madrid para requerir documentación relacionada con el caso Púnica, tal y como han confirmado a la agencia Efe fuentes de la investigación. Los agentes han recabado información durante aproximadamente cuatro horas y media sobre contratos realizados por la Asamblea de Madrid.
Los agentes de la UCO se han dirigido a las dependencias de contratación del Parlamento autonómico madrileño con un mandamiento del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre las 10.00 horas y han permanecido hasta alrededor de las 14.30 horas han señalado fuentes de la Cámara regional. Según estas mismas fuentes, las diligencias están declaradas secretas.
Al parecer la documentación tiene que ver con la contratación de la cafetería, cuando estaba gestionada por Arturo Fernández
El juez de la Audiencia Nacional ha requerido diversos documentos en relación con la pieza número 14 del caso Púnica, que trata sobre una presunta financiación irregular del PP madrileño y en la que están imputados, entre otros, el exgerente de la formación regional Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid, han señalado fuentes jurídicas que niegan que la diligencia ordenada por el juez sea un registro.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha dicho que no tiene datos adicionales sobre el tipo de documentación que investiga la Guardia Civil, más allá de que son expedientes de hasta el año 2013. Además, ha manifestado la "máxima colaboración con la acción de la Justicia" por parte del Ejecutivo madrileño en "ése y cualquier otro tema en el que se requiera al Gobierno o a la Asamblea cualquier documentación" que la Guardia Civil vea "imprescindible para realizar su trabajo". Por otro lado, en la Asamblea, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, tanto el portavoz del PP, Enrique Ossorio, como el de Podemos, José Manuel López, han señalado que al parecer la documentación requerida tiene que ver con la contratación de la cafetería, cuando estaba gestionada por Arturo Fernández.
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