En la primera fase de la 'Operación Púnica', desarrollada a finales de octubre del año pasado, se vieron salpicados siete Ayuntamientos. En la segunda, del pasado mes de junio, otros trece. En total, veinte consistorios que no serán los únicos, ni mucho menos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, prepara ya una nueva fase de "acciones operativas" que afectarán a "nuevos Ayuntamientos", según detalla en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. Las pesquisas, en esta ocasión, se centran en aquellas Administraciones públicas que contrataron de modo irregular los servicios de Cofely, filial de la francesa GDF-Suez, cuatro de cuyos directivos fueron arrestados. Las detenciones y registros no se producirán, sin embargo, hasta después del verano, según fuentes cercanas a la investigación.
El juez destaca que los 'emails' intervenidos y "las decenas de denuncias recibidas" han permitido descubrir "regalos y favores" de Cofely a ayuntamientos no investigados hasta ahora
Según detalla en el reciente auto con el que el magistrado ha prorrogado el secreto del sumario hasta el 27 de julio, la que será la tercera fase de la 'Operación Púnica' se sustenta en las abundante documentación intervenida durante los registros del pasado 27 de octubre, cuando se practicaron las detenciones, entre otros, de Francisco Granados y David Marjaliza, presuntos cabecillas de la trama, y de los cuatro altos cargos de la empresa de eficiencia energética bajo sospecha. Entre dicha documentación se encontraban "archivos electrónicos, mensajería etc" contenidos en los numerosos equipos informáticos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó. Su contenido fue minuciosamente volcado para proceder a un "análisis y cruce de datos" que aún se está realizando, según diversas fuentes.
"Fuerte ligazón"
"Este trabajo analítico, coordinado con la información obtenida de las declaraciones en sede judicial y las decenas de denuncias recibidas, ha permitido dar fuerza a las incriminaciones originarias ", destaca dicho auto, en el que se añade que "a la vez, como ocurre en los casos de corrupción y delincuencia organizada, han surgido nuevos objetivos con una fuerte ligazón de conexidad" con los destapados hasta ahora. Por ello, el juez plantea ya en el mismo "nuevas acciones operativas relativas a nuevos Ayuntamientos, contrataciones públicas etc". El juez Velasco menciona explícitamente a las millonarias adjudicaciones a Cofely-GDF Suez.
El auto apunta a que algunos alcaldes pudieron cobrar las adjudicaciones con encuestas pagadas por la multinacional. El juez ya preguntó sobre este extremo al regidor de Parla
Respecto a esta empresa, el magistrado detalla en su auto que "del análisis de las evidencias electrónicas, correos y mensajes, se están descubriendo nuevos regalos y favores a los ayuntamientos que contrataron con la citada multinacional". Por ello, añade que es necesario mantener al menos hasta julio "la reserva" en las investigación con el fin de "poder contrastar las peticiones de encuestas y otros favores prestados" que supuestamente recibían politicos y cargos públicos por parte de dicha compañía como pago por las adjudicaciones irregulares. De hecho, el juez Velasco interrogó insistentemente sobre el supuesto pago con sondeos de opinión política al que en octubre aún era regidor de Parla, el socialista José María Fraile, detenido también en la primera fase.
La empresa del 2%
Cofely representa una de las principales líneas de investigación de la 'Operación Púnica', sobre todo por la millonaria cuantía de los contratos de eficiencia energéticas que esta empresa firmó con numerosos ayuntamientos, en su mayoría de la Comunidad de Madrid. Para ello, la multinacional contaba con el apoyo del constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, y de su empresa Ruta Energética SL. Según detalló la Fiscalía Anticorrupción durante la declaración ante el juez Velasco de uno de los altos cargos de la compañía arrestados, los representantes de ésta acudían a los concursos públicos para ganar "con absoluta seguridad, ya que se infiltraban en los ayuntamientos y obtenían las valoraciones de las otras ofertas", incluidos los baremos económicos que ofrecían sus competidores. "Se hacían sugerencias en los pliegos y se exigía que se acomodaran a la oferta que iba a presentar Cofely".
Anticorrupción considera que Cofely "se infiltraba en los ayuntamientos" para manipular los concursos públicos y así ganar "con absoluta seguridad"
En este sentido, una técnico del consistorio de Parla aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional que a ella le entregaron el pliego ya elaborado y que uno de los comerciales de la compañía, Pedro García, también detenido en octubre, acudía a las instalaciones municipales y se reunía con el propio alcalde y otros miembros de su equipo para añadir o quitar cláusulas al contrato. Una de éstas era la obligación de realizar una auditoría sobre la ejecución del contrato por parte de una empresa externa a la que el Ayuntamiento iba a abonar por ello un porcentaje del importe de la adjudicación. Esa era la mercantil de Marjaliza.
Según detalló la representante de Anticorrupción en sus preguntas a Fraile, dichos informes de auditoría, que eran realmente elaborados por un trabajador de Cofely que "luego le pone el logo de Ruta Energética", era con los que se camuflaba el pago de la 'mordida'. En sus preguntas a testigos e imputados, una de las fiscales del caso también detallaba el modo de actuar y de repartirse las supuestas comisiones entre los implicados. "Aquí cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tu, cobramos todos", se escucha decir en una intervención telefónica incorporada al sumario a uno de ellos tras amañar precisamente un falso informe de auditoría en el contrato de Parla por el que supuestamente se iban a embolsar el 2% de los 66 millones del importe total.
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