El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha elevado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una extensa exposición razonada para que sea este órgano judicial el que investigue dentro del caso Púnica a Daniel Ortiz, ex alcalde de Móstoles, actual diputado autonómico del PP y, por lo tanto, aforado. En su escrito, el magistrado considera al político presunto autor de seis delitos de corrupción por su supuesta participación en el amaño de un contrato de 74 millones de euros cuando era regidor del municipio madrileño.
El juez Velasco considera al diputado Daniel Ortiz presunto autor de seis delitos cuando era alcalde de Móstoles
En su escrito, de 74 folios de extensión, el magistrado detalla todos los indicios y pruebas recopilados en la causa contra él, entre ellas 28 comunicaciones entre los principales implicados de la trama, que demostrarían en su opinición "actos de corrupción en beneficio de la empresa que se llevó la adjudicación bajo sospecha, la filial española de Cofely-GDF Suez, "con un ánimo de lucro personal como contrapartida". El magistrado llega a hablar de pagos de entre 240.000 y 500.000 euros de los que supuestamente se beneficaron él, el concejal del mismo municipio Alejando Utrilla, y el hermano de éste, Mario, que fuera alcalde de Sevilla La Nueva y parlamentario regional la pasada legislatura autonómica.
Junto a estos tres políticos el juez destaca la particpación "activa" en la trama para amañar dicho contrato de tres responsables de la empresa adjudicataria. En concreto, del responsable del Departamento Comercial, Constantino Álvarez, del jefe de Mercado Público, Pedro Pérez, del propio director general de la compañía, Mauricio Didier, y de otros empleados del Departamento de operaciones, todos ellos ya imputados en la causa. También participó el constructor David Marjaliza, quien actuó como 'conseguidor' del contrato e intermediario ante Ortiz y los otros políticos, de los que consiguió información reservada para que Cofely pudiera preparar la oferta con la que se llevaron el concurso.
'Mordida' con cargo a las arcas municipales
El amigo de Francisco Granados incluso negoció la cifra de la 'mordida' y adelantó los primeros pagos de ésta, como él mismo ha confesado en su declaración autoinculpatoria. El escrito del juez señala que dicha comisión era de 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”. Gran parte de este dinero salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una auditoría falsa por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación. La otra, de “una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas”.
El dinero para pagar la 'mordida' salió de las propias arcas municipales mediante el pago de una auditoría inexistente y sobreprecios
La exposición razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años. Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”. Muy especialmente, sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey. A éste llegó a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.
Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”. Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran “como efectivamente realizaron, un contra informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”, con el fin de ayudar a Cofely “facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”.
SI HAY IMPUTACIÓN HABRÁ DIMISIÓN
Por su paret, la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP regional, Cristina Cifuentes, ha garantizado que si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide imputar al diputado Daniel Ortiz dentro del caso Púnica "habrá dimisión", aunque ha pedido no adelantar acontecimientos.
Cristina Cifuentes ha considerado que hay que esperar para ver qué decisión toma el TSJM "y no adelantar acontecimientos", porque este tribunal podría decidir que no haya imputación.
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