Daniel Ortiz Espejo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha presentado este viernes su renuncia tras mantener una reunión con la presidenta Cristina Cifuentes. El exalcalde de Móstoles y presidente del partido en dicha localidad llevaba meses acorralado por las informaciones que relacionan su nombre con adjudicaciones presuntamente fraudulentas en el marco de la trama de Púnica.
Ortin, que estaba acorraladopor 28 documentos en poder de la justicia y el juez Velasco, dimite dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigarlo por su posible relación con la Púnica, tal y como pidió el juez Eloy Velasco, que investiga el caso en la Audiencia Nacional.
Ortiz utilizó, según el juez, su condición de alcalde para influir para que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad.
En un comunicado emitido por el PP este mismo viernes, Ortiz dice que se va "con el apoyo y el respeto de mi Presidenta y de mis compañeros del partido, que para mí es lo más importante".
Una china en el zapato de Cifuentes
Daniel Ortiz se ha convertido en el primer miembro de la candidatura de Cifuentes que ha tenido que renunciar a sus cargos por estar investigado formalmente por corrupción, renuncia que llega meses después de que su nombre se relacionara con la trama Púnica.
Poco más de un año después de estrenarse como diputado en la Asamblea, Ortiz se ha visto "obligado voluntariamente" a abandonar su silla en el Parlamento regional en virtud del compromiso que todos los miembros de la candidatura de Cifuentes firmaron para poder ser parte de la misma: la obligación de cesar si resultaban imputados en un delito de corrupción.
Ahí es donde Cifuentes puso el listón de los miembros de su grupo para dimitir, y hasta ahí es donde Ortiz ha esperado, a pesar de que en febrero se conoció un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se le consideraba responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros.
Unas acusaciones que él mismo negó, aunque Cifuentes nunca expresó de forma explícita su confianza en él, limitándose a repetir durante estos cinco meses que, de ser investigado formalmente, estaba segura que él mismo dejaría su escaño.
