El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dictado un auto donde deniega de nuevo la libertad al ex consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, preso por su participación en la trama Púnica desde octubre de 2014. En la resolución, el magistrado sostiene que "está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital, intervenida en los último registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular", en referencia al volcado de los ordenadores del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez llevado a cabo por la Guardia Civil en cumplimiento al requerimiento ordenado por el magistrado.
Además, Velasco rechaza la petición de libertad de Francisco Granados ante la "sensibilidad de la investigación" que se desarrolla, así como por "los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo". En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 rechaza las alegaciones de la defensa de Granados para quedar en libertad, puesto que "en nada" desvirtúan los razonamientos por los que se acordó su ingreso en prisión.
El juez subraya en su auto que "la situación de prisión provisional de Francisco Granados se presenta como ineludible e insustituible remedio para el buen fin de la presente instrucción"
El juez, de conformidad con lo manifestado por la Fiscalía, considera que la investigación "está patentizando la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación" de Granados, quien "ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones".
El instructor explica que se revela, además, "un uso indiscriminado" de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia "en un primer momento" le permitió controlar la venta de suelo público de la región. El magistrado añade que "posteriores maniobras defraudatorias" (firma de varios convenios) le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, "gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros".
Por todos estos motivos, Velasco concluye que "resulta que la situación de prisión provisional de Francisco Granados, acordada en las presentes actuaciones, se presenta como ineludible e insustituible remedio para el buen fin de la presente instrucción". Contra este auto cabe interponer recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
