Imputados... y sin licencias de armas. La Guardia Civil ha suspendido la validez de las autorizaciones para poseer armas que tenían al menos siete de los detenidos e imputados en la 'Operación Púnica'. Se trata de los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y su socio David Marjaliza, tres alcaldes, un supuesto 'testaferro' y el agente que fue arrestado por dar supuestamente el chivatazo al político encarcelado de que se le estaba investigando. En los registros, la Unidad Central Operativa (UCO) también se ha intervenido de una veintena de armas, la mayoría de ellas en la finca 'secreta' que el que fuera secretario general del PP de Madrid tenía en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas.
Granados, que tenía licencia para armas de caza, tenía cuatro rifles, doce escopetas, dos fusiles y una carabina en su finca secreta de Ávila
Así consta en diversos documentos incorporados al sumario en los que los responsables de la Intervención de armas de la Comandancia de Madrid informan al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, de que han procedido a iniciar "los procedimientos de revocación de licencias de armas" de todos ellos. En la mayoría de los casos se trata de autorizaciones para utilizar armas de tipo 'E' y 'D', referidas respectivamente a tiro deportivo y caza, y a armas largas rayadas para caza mayor. Eran las licencias que tenían Granados y Marjaliza, pero también otros tres detenidos. En concreto, los entonces regidores de Serranillos de Valle y Collado Villalba, Antonio Sánchez Fernández y Agustín Juárez López de Coca, y el empresario Eduardo de la Peña Pérez, presunto 'hombre de paja' del constructor.
En todos los casos, la Guardia Civil esgrime para retirarles la licencia los artículos 97 y 98 del Reglamento de Armas y el punto 7 de la Ley 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que permite tomar este tipo de medidas con aquellas personas que figuren incursos en un sumario "como autores de supuesto delito penal". Los agentes piden al magistrado que "debido a la urgencia en la tramitación de los expedientes administrativos", se les remita una copia de la sentencia "cuando se produzca" y, así, incorporarlas al expediente de cada uno. De los cinco, Granados es al que más armas se le ha intervenido. En concreto, cuatro rifles, doce escopetas, dos fusiles y una carabina que la UCO localizó el pasado mes de noviembre en el registro que realizó en la finca 'Fuentenebro' de Higuera de las Dueñas (Ávila), de la que es propietario el político a través de una empresa pantalla. Todas ellas estaban guardadas en un armero situado en el sótano de la vivienda.
Un guardia civil y un alcalde con la licencia vencida
Diferente es el caso de las otras dos personas a las que también se les ha suspendido la licencia de armas. Uno de ellos es el agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino, detenido por sus propios compañeros por haber alertado presuntamente a Granados y Marjaliza de que la UCO les estaba investigando. En el sumario consta un escrito de la Comandancia de Madrid en el que se refleja que su arma reglamentaria, un pistola Llama del calibre 380, así como dos cargadores, 140 cartuchos de 9 milímetros y otros utensilios relacionados con la misma han quedado depositados en dichas dependencias. En el mismo se refleja que el destino final de la misma, ya sea su devolución a su propietario o la "destrucción mediante su reducción a chatarra", se decidirá una vez haya sentencia firme que le absuelva o condene.
La Guardia Civil intervino el arma reglamentaria al agente que dio el 'chivatazo' y encontró una pistola con la licencia "vencida" al entonces alcalde de Moraleja de Enmedio
Más llamativa es la situación del séptimo imputado en la causa que tenía hasta ahora licencia de armas. Se trata del que fuera alcalde 'popular' de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita, detenido en junio de 2015. Cuando se produjo su arresto los agentes encontraron en su domicilio una pistola de la marca 'Glock' modelo '26', así como dos cargadores, dos cajas de 50 cartuchos 9 milímetros y un 'municionador' de plástico. En el acta de intervención levantado entonces, los agentes reflejaron que la licencia de armas estaba "vencida" desde hacía casi seis años. "El motivo de la intervención fue la investigación judicial que se dirige contra esta persona en orden a los supuestos graves delitos cometidos y el eventual peligro para la seguridad ciudadana que se pudiera generar al tener disponible el mencionado arma".
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