El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha remitido un oficio a la Asamblea de Madrid -en cuya Comisión de Corrupción declara este viernes Francisco Granados a través de videoconferencia- en el que pide que confirme que el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz es actual diputado regional, lo que le haría derivar una posible investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fuentes de la Asamblea han informado a Efe de la recepción de ese oficio, que supone un primer paso para la investigación judicial a Ortiz, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como posible responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros. El juez Velasco quiere saber con este oficio si es él el competente para continuar con el proceso o si, en el caso de ser aforado -Ortiz es diputado en al Asamblea de Madrid desde las elecciones de mayo de 2015, a las que concurrió en la lista de Cristina Cifuentes-, debería remitir la parte de la causa que afecta a su persona al Tribunal Superior de Justicia madrileño.
La UCO remitió un informe al magistrado en septiembre de 2015 en el que revela que el exalcalde de Móstoles influyó en la adjudicación del contrato millonario a Cofely, una multinacional de servicios energéticos y uno de los centros de la trama Púnica, para el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos del municipio madrileño. En su informe, los investigadores describen "el concierto urdido" entre 2013 y 2014 entre Ortiz, el exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla y los directivos de Cofely Pedro García Pérez y Constantino Álvarez de la Cueva, para influir en el devenir de este concurso "independientemente de cuál fuese la oferta económica más ventajosa a cambio del pago de notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles".
El precio de licitación ascendía a 75.018.518,42 euros (IVA incluido) y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo para concederlo a Cofely, incluso antes de la publicación del contrato. El concierto con Cofely no siguió el patrón con el que la trama actuaba en otros municipios, donde se le creaban los pliegos de condiciones ad hoc, sino que en este caso se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase.
Según los investigadores, la empresa Fulton fue la que mayor número de mejoras presentó para lograr el contrato, pero, a pesar de que había demostrado su solvencia económica, el alcalde se reunió con el concejal responsable el mismo, David Sánchez, para mostrarle su preocupación por una posible falta de capacidad económica para asumirlo. Así, sostiene la UCO que "la influencia" de Ortiz junto con la complicidad de Utrilla habrían motivado que David Sánchez propusiera la opción de requerir a los licitadores una nueva justificación de su solvencia y capacidad de endeudamiento para afrontar las inversiones. Un requerimiento que, en realidad, servía de "artificio" para "desestimar arbitraria e intencionadamente" la oferta de Fulton, el mejor competidor de Cofely.
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