Nuevos informes de la Guardia Civil en el 'caso Púnica'. La Unidad Central Operativa (UCO) entregó el jueves de la semana pasada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un nuevo documento policial sobre las supuestas actividades de la trama de corrupción en la Región de Murcia. En este caso, el análisis de los investigadores se centra en los posibles vínculos entre la red y dos administraciones públicas que cuando estalló el escándalo estaban gobernadas por el PP. Se trata, en concreto, del Ayuntamiento de Cartagena y de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Esta última estuvo encabezada hasta las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo por Pedro Antonio Sánchez, quien tras aquellos comicios se convirtió en el nuevo presidente regional. Fuentes del equipo del dirigente político confirmaron a Vozpópuli que en marzo se les requirió nueva documentación, aunque aseguran que entonces demostraron que desde esta departamento no se tuvo relación con ninguna de las empresas investigadas.
Hace poco más de dos meses, la UCO entregó un informe "ampliatorio" de 66 folios de extensión y más de 400 de anexos sobre la trama Púnica en Murcia
No es la primera vez que el nombre de Pedro Antonio Sánchez aparece en el sumario de la trama Púnica. De hecho, justo antes de las elecciones que le auparon a la presidencia del Ejecutivo regional salieron a la luz diversas referencias a él tanto en intervenciones telefónicas como en las declaraciones de algunos testigos. En todos los casos, por los contactos con el llamado 'conseguidor', Alejandro de Pedro, el cual presuntamente iba a hacer trabajos de reputación 'online' para el entonces candidato popular. Sin embargo, en aquel momentgo esta línea de investigación pareció quedar arrumbada mientras se concluía otra que también afectaba a una consejería del Gobierno murciano. En este caso, la de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, cuyo titular, José Carlos Ruiz López, fue finalmente imputado tras perder la condición de aforado después de aquellos comicios. En este caso, se investigaba el supuesto desvío de dinero público para hacer trabajos de reputación 'online' tras amañar el concurso para que se lo llevara una de las empresas del 'conseguidor'.
Nuevos informes en los últimos meses
Todo parecía apuntar a que las pesquisas sobre Murcia, que conformaban la pieza separada número 3, estaba prácticamente terminada y el juez planeaba darla por finalizada para enviarla a juicio. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a aparecer nuevos indicios que implicaban a otros cargos políticos en la causa. Así, en diciembre pasado se señaló a un alcalde del PP de la región también por la supuesta realización de trabajos de reputación 'online' a costa del erario. En marzo, un nuevo documento de la UCO aportaba nuevos datos contra otro presunto 'conseguidor' de la trama relacionado con esta parte de la investigación, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. Y el 16 de ese mismo mes, la Guardia Civil entregaba un nuevo informe de 66 folios, en este caso "ampliatorio" sobre las irregularidades en la Consejería de Industría y Turismo. El mismo iba acompañado de más de 400 hojas de documentación anexa.
El 30 de marzo, el juez reclamó documentación al Ayuntamiento de Cartagena, a la Consejería de Educación y al PP de la Región de Murcia
Catorce días después, el juez Velasco dictaba un auto en el que hacía un requerimiento de información al Ayuntamiento de Cartagena, donde fue alcaldesa hasta la Legislatura pasada la también ex diputada Pilar Barreiro; a la Consejería que ocupara Pedro Antonio Sánchez, y al PP de la Región de Murcia y al de la ciudad de Cartagena. El consistorio entregó 32 folios, mientras que desde el equipo del actual presidente murciano se limitaban a confirmar a este diario el envío a la Audiencia Nacional de diversa documentación, pero sin concretar su contenido o volumen. Con todo ello, la UCO ha elaborado un nuevo informe centrado, precisamente, en las supuestas relaciones de la trama con ambas administraciones. Es, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el que se ha entregado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 el jueves de la semana pasada y cuyo contenido concreto aún no ha trascendido. El magistrado ha dado traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre qué pasos dar a partir de ahora.
"Limpiar para mayo"
La presencia del nombre del actual presidente murciano en el sumario del caso Púnica surge de una conversación telefónica registrada en septiembre de 2014, sólo un mes antes de las primeras detenciones, entre el 'conseguidor' Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, en la que se desvelaba que la red de corrupción estaba a punto de contar entre sus clientes con el dirigente 'popular' cuando fue desmantelada por la 'Operación Púnica'. Siempre según esta conversación, la trama iba a "limpiar para mayo [fecha de las elecciones regionales]" el historial en Internet del entonces aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes. Vozpópuli contacto cuando trascendió este dato con el equipo de campaña del político, que admitió que les ofrecieron dichos servicios "de manera insistente", pero que los habían rechazado.
La trama ofreció al político murciano trabajar en su 'reputación online' desde octubre de 2014 hasta las elecciones de mayo de 2015. La tarifa, 3.000 euros al mes
Sin embargo, en aquella conversación 'pinchada', el conseguidor llegaba a concretar el objetivo de dichos trabajos: "Para mayo a ver si podemos tener esto limpio". Algo que, apuntaba, no parecía fácil ya que el consejero de Educación "tiene web, youtube y es un tío que genera mucho contenido [en Internet]" después de que en los últimos años se hubiera visto denunciado 16 veces por corrupción por su labor al frente del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, todas ellas archivadas posteriormente. "¿Qué estaban haciendo ustedes con el consejero de Murcia para que usted tuviera que mirarle la dificultad para que lo tuvieran limpio para mayo? ¿Qué trabajo le hicieron para inventarse facturas de 3.000 'pavos' al mes?", llegó a preguntar el juez Velasco a una empleada de De Pedro que declaró como testigó. La mujer sólo acertó a decir que ella se limitó a "mirar si está bien o está mal".
Las dos llamadas de Pilar Barreiro
El caso de Pilar Barreiro, la ex alcaldesa de Cartagena, es muy similar. Cuando se conoció que su nombre salía en el sumario, la política, que salió derrotada en las últimas municipales, también negó haber contratado los servicios de reputación 'online' de la trama para mejorar su imagen en Internet y redujo los contactos a los intentos de aquel de ofrecerle sus servicios a través de su jefe de Gabinete. Sin embargo, el sumario que instruye el juez Velasco apuntan a que la iniciativa y el interés eran de la propia política, quien llegó a llamar en persona por teléfono al 'conseguidor' en dos ocasiones para concertar una cita en la ciudad murciana cuyo consistorio entonces dirigía. Barreiro tenía entonces problemas de imagen pública al haber sido imputada en un caso de supuesta corrupción urbanística del que salió finalmente sin cargos poco antes de los últimos comicios municipales.
El 'conseguidor' aseguró en su declaración ante la UCO que los trabajos de reputación 'online' para la alcaldesa de Cartagena se facturaron al propio consistorio como publicidad
En su declaración ante la Guardia Civil un día después de su detención, De Pedro reconoció haber realizado "servicios de reputación de la alcaldesa y de Cartagena". Y añadió que durante "esos meses" dichos trabajos se habían facturado al Ayuntamiento "en concepto de publicidad", pero que había tratado de solucionar esa situación y que, cuando fue arrestado, iban a empezar a pasarse "al partido". También aseguró que a Barreiro se le había elaborado "un plan de medios con sus redes sociales" y que cobraban "unos 800 euros por mes en el caso de Cartagena". Posteriormente, otros trabajadores de las dos sociedades de De Pedro, EICO y Madiva, confirmaron los contactos y los planes de trabajo para la entonces alcaldesa de Cartagena. Ahora, el magistrado sigue indagando en esa línea gracias al último informe de la UCO llegado a su mesa a finales de la semana pasada.
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