La implosión de los dos casos de presunta corrupción que acechan al entorno más directo del presidente del Gobierno en plena campaña electoral ha colocado a Pedro Sánchez en una compleja tesitura. Muchos titulares de los medios de comunicación de este martes por la tarde han encendido algunas alarmas en el PSOE. De un lado, el levantamiento del secreto de sumario del caso que afecta a Begoña Gómez por parte del juez José Luis Peinado ofrece datos elocuentes que sugieren que Pedro Sánchez conocía previamente a su ‘retiro’ de cinco días en La Moncloa que Begoña Gómez ya figuraba en el procedimiento judicial bajo la condición de ‘investigada’.
Y que precisamente en virtud de esa condición procesal el magistrado ofreció la posibilidad de que pudiese personarse su abogado para no generar indefensión ante una eventual y futura citación de la mujer del presidente, ya que de la investigación podrían resultar datos incriminatorios. Más aún, la Fiscalía pidió al juez el archivo de esta investigación sólo un día después de que Sánchez amagase con su dimisión, un dato revelador de que las prisas se habían instalado en el entorno de La Moncloa para tratar de sofocar el escándalo. Nunca hasta entonces, la mujer de un presidente del Gobierno y su entorno empresarial habían sido objeto de una investigación judicial por denuncias de tráfico de influencias.
De otro lado, un informe de la Guardia Civil conocido ayer afirma que el que fuera ministro de Fomento José Luis Ábalos, hoy diputado del Grupo Mixto por su expulsión del Grupo Socialista, tuvo “conocimiento” de la existencia de los contratos de mascarillas gestionados por el que fuera su asesor, Koldo García. La investigación apunta a que Koldo García, en su condición de consejero de Renfe, conoció los primeros contratos de los que la empresa de esta trama, Soluciones de Gestión, se pudo beneficiar con adjudicaciones de las empresas públicas Puertos del Estado y Adif, ambas dependientes del Ministerio de Transportes. Según esta investigación de la Guardia Civil, y respecto a algunas de las ofertas que recibieron para los contratos suscritos en plena pandemia, Koldo las reenvió a posteriori a la secretaría particular del Ministerio de Transportes. Los agentes concluyen que el correo electrónico vinculado a la misma correspondería “a la Secretaría particular del entonces ministro Ábalos”.
La ejemplaridad del PSOE, ensombrecida
En los dos casos confluye una misma circunstancia: la de la sospecha, llegue o no a ser delictiva, de que tanto en el caso de Ábalos como en el de Begoña Gómez la ejemplaridad que exhibe Sánchez como seña de identidad del PSOE se ve ensombrecida por los hechos. Las conexiones de Begoña Gómez con el empresario Barrabés, y a su vez con Víctor de Aldama, quien a su vez campaba a sus anchas por el Ministerio durante la etapa en la que Koldo García disponía de un despacho personal en el que hacía negocios y se reunía con empresarios y comisionistas, configuran un complejo entramado de relaciones interpersonales sobre las que el Gobierno no ha ofrecido aún suficientes explicaciones.
Ábalos no está formalmente investigado o imputado. Y la mujer del presidente del Gobierno, pese a constar esa condición procesal en la documentación judicial, no ha sido citada formalmente. Sin embargo, sí está personado en las diligencias su abogado, el que fuera ministro socialista del Interior Antonio Camacho, y la pasada semana el juez solicitó a la Policía una copia compulsada del DNI de Begoña Gómez, lo que a priori puede ser indiciario de la intención del juez de citarla próximamente.
No obstante, desde una perspectiva puramente política, no son buenas noticias para Pedro Sánchez. Y menos aún desde la teoría que abren las resoluciones del juez Peinado en la medida en que se sugiere que Sánchez conocía de antemano que el escándalo iba a afectarle de lleno, y que diseñó su ‘retiro’ en la Moncloa de modo estratégico para tratar de aminorar el efecto de cualquier resolución judicial aunque estuviese declarada secreta. Sánchez desviaba así la atención, movilizaba al PSOE en torno a su persona en defensa de Begoña Gómez con una manifestación en pleno sábado en Ferraz, y lograba así un efecto victimizador con el que iniciar la campaña de las europeas alejando el foco de la investigación penal, por entonces aún declarada secreta.
Días determinantes
Más allá de cómo avancen las dos investigaciones en el ámbito penal, y más allá del desarrollo final que tengan -es cierto que la UCO de la Guardia Civil, en un informe aún muy preliminar, no aprecia de momento indicios de tráfico de influencias en Begoña Gómez-, lo cierto es que Sánchez sufrió este martes, en un solo día, dos varapalos a su estrategia. El que señala a Begoña Gómez como ‘investigada’, por razones obvias, después de que afirmase públicamente en el Congreso que se trata de una ‘profesional honrada’ y de que el PSOE esté inflamando el discurso de que está siendo víctima de una persecución injusta de la derecha. Y, en segundo lugar, el que apunta hacia Ábalos, porque es notorio que durante la primera legislatura, Ábalos era uno de los hombres de confianza de Sánchez en el Gobierno, el ‘controlador’ de las estructuras del partido como secretario de Organización, y el amigo que le pudo rescatar para unas primarias triunfantes en 2017 cuando unos meses antes el Comité Federal del partido lo defenestró.
Los próximos días serán determinantes para la campaña del PSOE en las europeas, donde presume de estar ‘remontando’ al PP en los sondeos, tanto en porcentaje de voto como en escaños. Pero los dos casos judiciales se están configurando como un baldón en la credibilidad de Sánchez, en sus versiones de los hechos, y en la reputación de su propia gestión y de su palabra. Levantado el secreto de sumario, es razonable sostener que Sánchez no se ocultó durante cinco días en la Moncloa para aclarar si le merecía la pena seguir adelante como presidente del Gobierno, sino que fue un ejercicio de tacticismo deliberado para tratar de poner sordina a los casos que podían afectar al PSOE, y también a su propia familia.