El perito informático que avaló el espionaje del teléfono móvil del presidente catalán, Pere Aragonés, en la querella contra la ex directora del CNI, Paz Esteban, participó en un informe de la Generalitat sobre el Catalangate, según ha sabido Vozpópuli de fuentes de toda solvencia.
La prueba pericial que justifica la infección del terminal de Aragonés con el software israelí Pegasus y que ha sido clave en la imputación de Esteban está firmada por la empresa Evidentia Digital SL, que dirige José Navarro. Evidentia es la misma compañía que colaboró en el informe ‘Caso Pegasus: vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos’ elaborado por el Síndic de Greuges –Defensor del Pueblo de Cataluña-. Esta institución depende de la Generalitat.
El peso del informe pericial en la imputación de la ex directora del Centro Nacional de Inteligencia es determinante. El auto del juez de Barcelona especifica en dos ocasiones que dicha pericia “avala” el espionaje masivo a líderes separatistas denunciado por Citizen Lab. Tanto el informe de Citizen Lab como el peritaje de Evidentia son la base sobre la que el juez sustenta su decisión de imputar Esteban y reclamar la documentación que obra en manos del CNI.
El perito, en el informe del Catalangate
La compañía colaboró en el estudio que presentó el síndic catalán, Rafael Ribó, en junio del 2022. Dicho informe da por buena la versión de Citizen Lab. Y concluye que “más de cuarenta” personas” fueron espiadas sin “respetar ningún tipo de legalidad” y que hubo una “injerencia sobre sus derechos fundamentales sin restricciones y sin control alguno”. El informe del Síndic también considera probada la versión aportada por el CNI de que 18 personas fueron espiadas con autorización judicial.
Este diario ha contactado a Navarro para confirmar su participación tanto en las periciales como en el informe del Síndic de Greuges. Y conocer más detalles sobre qué pruebas y estudio forense ha realizado para confirmar la infección del teléfono del presidente de la Generalitat. El director de Evidentia no ha respondido.
La colaboración de Navarro con la Generalitat sirvió a los partidos independentistas para citarle como experto en la comisión del Parlament de Cataluña que investiga el Catalangate. Navarro compareció el mismo día que Elíes Campo, denunciante original de este espionaje tal y como recoge Citizen Lab. Campo era el protagonista del artículo que dedicó al asunto la revista The New Yorker. El ingeniero ha sido uno de los investigados en la causa contra Tsunami Democrátic, cuya causa -que incluye unos supuestos vínculos del independentismo con Rusia- se investiga bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.
Evidentia se autodefine como una empresa de “expertos en peritaje informático y análisis forense digital, desde el año 2009”. Además de la causa de Aragonés contra Esteban, la empresa de Navarro ha elaborado periciales para otros presuntos afectados por el espionaje del Catalangate como Diana Ribas y Josep María Jové. Hay una decena de causas del Catalangate abiertas en tribunales de Madrid y Cataluña, tal y como ha publicado Vozpópuli.
La querella de Aragonés
Hasta el momento juzgados de Barcelona y Madrid han ido abriendo causas precisamente a tenor de las querellas interpuestas por líderes independentistas de ERC o de la CUP. Sin embargo, la que afecta al actual presidente catalán es la que más lejos ha llegado hasta el momento, no solo porque cita como imputada a la exjefa de los servicios de inteligencia, sino porque da el primer paso de cara a desclasificar información confidencial sobre estos hechos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 29 se ha dirigido al Centro Nacional de Inteligencia, al Gobierno e incluso al Tribunal Supremo para recabar información sobre este presunto espionaje que se remonta a 2020. El juez considera que el peritaje y el informe de Citizen Lab aportan los indicios suficientes como acreditar una infección al móvil de Aragonés los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando ostentaba el cargo de vicepresidente catalán.
Por ello pide a los servicios de Inteligencia que aporten la documental relativa a la licencia de uso del spyware, mientras que al Ejecutivo le reclama que informe sobre las personas que estarían implicadas en los hechos. Del mismo modo libra una orden europea de investigación para dar con una empresa luxemburguesa vinculada a la israelí NSO Group. El auto se dirige también al Tribunal Supremo y en concreto al magistrado Pablo Lucas, que es el encargado de autorizar las actuaciones del CNI.
Al respecto, las fuentes consultadas por este medio recuerdan que se trata de actuaciones protegidas por la Ley de Secretos Oficiales, a la que es muy probable que recurran los entes a los que ahora se dirige el magistrado. Con todo, el foco se fija en Paz Esteban. La otrora jefa del CNI compareció como testigo en la Audiencia Nacional por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también hizo lo propio días después de su cese, en el Congreso de los Diputados.
Pegasus en la Audiencia Nacional
Esteban confirmó la existencia de un espionaje legal a un total de 18 líderes independentistas y apeló al secreto que protege estas actuaciones. Sin embargo, su imputación y citación para el próximo 13 de diciembre, le implica en los hechos a otro nivel. Ese mismo día comparecerá, además, el presidente de Cataluña en su condición de perjudicado.
Aunque el juez imprime celeridad a la investigación, el asunto ha estado varado en los tribunales más de 14 meses. El motivo reside en que el juzgado que incoó diligencias por estos hechos trató sin éxito que la querella de Pere Aragonés se adhiriera al gran caso Pegasus que se seguía en la Audiencia Nacional por el espionaje a Pedro Sánchez y tres de sus ministros.
El magistrado, que contó con el criterio favorable de la Fiscalía, apeló a su cargo institucional para que se investigase todo de manera conjunta, pero la Audiencia lo rechazó alegando que solo es competente para investigar hechos que afectan a "altos cargos de la nación". De esta forma la querella volvió al juzgado de origen y terminó en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona que resolvió que este asunto se tiene que quedar en los juzgados ordinarios.
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