Artur Mas ha recibido en las últimas semanas en su despacho de la Generalidad tres tipos de ecos empresariales. El de los presidentes de grandes multinacionales que cotizan en el Ibex y están muy implantadas en Cataluña, claramente en contra de una deriva soberanista. El de las medianas empresas, en su mayoría de servicios, que operan en el resto de España y ven peligrar su negocio con esta cruzada independentista. Y, por último, el de los botiguers, a los que no les resultaría incómodo independizarse del resto de España.
Para el presidente de la Generalidad, no hay marco legal alguno que pueda frenar las aspiraciones soberanistas de Cataluña
Aunque ayer se empleó a su salida de La Moncloa con un lenguaje algo más moderado que el que utilizó para interpretar el grito independentista de la reciente Diada, Artur Mas dijo cosas muy serias. Para empezar, que si Cataluña quiere emprender un proyecto separatista “la Constitución no será una pared insalvable”. Fue elaborada con ruido de sables, recordó, fue reinterpretada bajo el estigma del golpe de estado de Tejero y si nadie la cambia, argumentó, no podrá anular “la voluntad de un pueblo”. Para Mas, no hay “ningún marco legal” que frene la voluntad de los catalanes.
¿Y cual es esta voluntad? Pues las últimas encuestas reflejan que el sentimiento independentista ha calado en el 50% de la población. Pero la gran encuesta, la que Mas prepara de verdad, es la que recabará en las urnas cuando CiU ofrezca a sus electores un programa secesionista que incluirá el llamado ‘pacto fiscal’. Se trata de una fórmula similar al concierto económico vasco a la que Mariano Rajoy le dijo ayer con rotundidad que no ha lugar. Y este rechazo es, según fuentes nacionalistas, la palanca que va a aprovechar el propio Mas para adelantar las elecciones a mitad de legislatura, un anuncio que puede hacer la semana que viene durante el debate de política general previsto en el parlamento regional.
El firme rechazo de Rajoy al concierto económico catalán será la palanca que precipite el adelanto de las elecciones autonómicas
El firme rechazo de Rajoy a un concierto económico a la catalana se vio compensado ayer por un ofrecimiento al diálogo en dos aspectos que son básicos para Cataluña: la pésima salud de su tesorería, con crecientes problemas para pagar las nóminas, y la negociación de un nuevo modelo de financiación, que toca renovar el año que viene. El primer aspecto está recibiendo el tratamiento adecuado gracias a las frecuentes reuniones que el equipo del consejero Mas-Colell mantiene con el equipo de Cristóbal Montoro. De hecho, el Gobierno ha garantizado a la Generalidad que podrá atender a sus vencimientos de deuda, por importe de casi 5.000 millones, que tiene pendientes hasta fin de año. A la segunda oferta, Mas reaccionó con desgana, ya que la actualización de la financiación autonómica debe hacerse de forma obligada el año que viene.
Mas viajará de nuevo a Madrid el próximo 2 de octubre para participar en la conferencia de presidentes autonómicos que presidirá Rajoy y en la que planteará un reparto equitativo entre el Gobierno central y las comunidades para cumplir con los objetivos de déficit. No será una reunión fácil para nadie, ya que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, también llegará con ganas de guerra.
