El Gobierno de Artur Mas en Cataluña ordenó a una empresa contratada para la gestión del 9N continuar con su actividad después de que ésta le preguntara si el encargo quedaba afectado por la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC) y le recordara su "compromiso" con la legalidad. Así se desprende de la documentación que los contratistas y la propia Generalitat han remitido, a instancias de la Fiscalía, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al presidente en funciones de la Generalitat, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9N.
La Generalitat contestó que habían recabado la opinión de los servicios jurídicos, que concluían que "ninguna de las actividades" del encargo "resultan explícitamente afectadas" por la resolución del TC
El TSJC centra su investigación sobre el 9N en averiguar si la Generalitat mantuvo los preparativos sobre la votación una vez que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta, por si ello pudo constituir un delito de desobediencia. A raíz la última documentación remitida al alto tribunal catalán, la Fiscalía ha pedido al TSJC que ordene nuevas diligencias para aclarar cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9N y si se usaron ficheros públicos con datos personales. Entre la nueva documentación aportada al TSJC figura una carta que el director gerente de T-Systems, la empresa a la que la Generalitat contrató la instalación de programas informáticos para la consulta, remitió al director gerente del CTTI, Jordi Escalé, para saber si su encargo se había visto afectado por la suspensión del 9N acordada por el Tribunal Constitucional (TC), según EFE.
La carta fue enviada el 4 de noviembre de 2014, el mismo día que el TC suspendió la consulta al admitir a trámite el recurso del Gobierno. En la misiva, T-Systems precisaba los tres puntos del encargo que creía que podían verse afectados tras la suspensión: la web de registro, presentación y publicación de resultados, el apoyo técnico durante la recogida de resultados y el apoyo de guardia sobre las infraestructuras del centro de procesamiento de datos ante posibles incidencias técnicas. En el caso de que estos trabajos quedaran afectados por la decisión del TC, el responsable de T-Systems solicitaba a la Generalitat instrucciones "detalladas" respecto a cómo tenían que proceder a partir de entonces.
"Rogamos vuestra rápida respuesta, ya que este es un asunto sensible para nuestra organización, comprometida con el cumplimiento estricto de la legalidad y a la vez con una excelente prestación de servicios", remarcaba la carta. El 7 de noviembre, tan sólo dos días antes de la consulta, el director gerente del CTTI respondió a T-Systems con una misiva de ocho líneas en la que afirmaba que el presidente del Centro de Telecomunicaciones había recabado la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat, que concluían que "ninguna de las actividades" del encargo "resultan explícitamente afectadas" por la resolución del Constitucional.
El 9N costó 1,9 millones de euros
En la documentación remitida al TSJC por su investigación sobre la consulta soberanista, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha desvelado que el gasto total del 9N fue de 1,9 millones de euros. En un escrito, fechado el pasado 3 de diciembre, Mas-Colell certifica que el denominado "proceso participativo" del 9N comportó un coste de 1.924.559 euros, detallando los conceptos y partidas presupuestarias a las que se asignaron los gastos.
La mayor partida, de 806.403 euros, fue para insertar la campaña institucional sobre el 9N en los medios de comunicación, seguida de 698.685 euros para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y 240.259 euros para el contrato con Unipost para el buzoneo de información institucional de la consulta.
Las demás partidas fueron de 50.317 euros para el centro de reinserción de presos (CIRE) por elaborar urnas y papeletas, de 43.535 euros para diseñar y producir la campaña informativa, de 74 euros para registrar la web de participación, de 1.409 euros en seguros, de 16.175 euros en servicios de mensajería y de 58.703 en la impresión y entrega de la carta institucional informando sobre la consulta.
