La huida del Estado de Cataluña que viene siendo denunciada en los últimos tiempos por muchos dentro y fuera de la comunidad tiene otro ejemplo palpable: los inmuebles que el Estado mantiene en la comunidad autónoma, muy por debajo de lo que corresponde a la segunda autonomía más poblada del país. En la provincia de Barcelona, donde viven 5,5 millones de habitantes (3 de cada 4 catalanes), la administración central ha retrocedido y apenas cuenta con 197 edificios, solares y terrenos, una cifra muy alejada de las provincias que lideran la clasificación, con Madrid y sus 816 inmuebles estatales a la cabeza, según los datos del Portal de la Transparencia inaugurado por el Gobierno.
La política de cesión de inmuebles, como con las competencias, no ha servido para apaciguar sino todo lo contrario
"Durante todos estos años la política de la administración central ha sido ir dando marcha atrás en su posición en Cataluña, cediendo posesiones estatales a la Generalitat o a ayuntamientos. Con ello se buscaba tal vez una política de apaciguamiento que en realidad fue cobarde porque nunca sirvió: cada pequeña cesión era observada por los nacionalistas como una victoria y un síntoma de debilidad, no como una intención de llevarse bien. Su último 'éxito' fue obtener el Castillo de Montjuïc de Barcelona, que les dio el Ministerio de Defensa. Cuando arriaron la bandera española se sintieron muy felices. También recientemente han desmantelado la comisaría de Policía Nacional de Gràcia, uno de los barrios más nacionalistas de Barcelona, haciendo así que desaparezca toda bandera española de ese barrio lleno de esteladas", comenta a este diario Josep Ramon Bosch, presidente de Societat Civil Catalana.
Bosch recuerda que él mismo tuvo que retirar una bandera española que pendía de la fachada de su casa (a imagen y semejanza de las miles de esteladas que penden de muchos balcones) dado que le hacían la vida imposible por ello. Una situación de indefensión de que la no culpa a "Madrid, en un sentido no peyorativo", aunque sí que reconoce que el intento de evitar a toda costa la confrontación no ha hecho sino aumentar la debilidad del españolismo en Catalunya.
Además de esto, existen casos curiosos, en los que el propio Estado ha pedido retroceder en Catalunya para ser parado por los independentistas: "Recuerdo el caso de la Academia de Suboficiales del Ejército de Tierra en Talarn (Pirineo ilerdense) que el Gobierno español quiso desmantelar y tuvo que ser el propio ayuntamiento de ERC el que pidiera que no se hiciera". El regidor del pequeño municipio, Lluís Oliva, incluso se fotografió haciendo prácticas de tiro con los militares. , mientras exigía eso sí el fin de la presencia de instituciones estatales en Cataluña.
Por todo esto, desde la plataforma cívica se reclama al Gobierno central que apoye más a los "catalanes que se sienten españoles" y no abdique de su responsabilidad en la región: "Necesitamos cambiar cosas, por eso desde Societat Civil estamos realizando un documento con 50 propuestas, de carácter la mayoría simbólico o sentimental, que sirvan para demostrar a todos los catalanes que el Estado no les ha abandonado a su suerte en esta zona del país. Yo me siento muy catalán y por tanto español".
Aunque sólo sean números, los inmuebles del Estado demuestran la distinta intensidad con que España está presente en dos zonas como BCN o Madrid que lo integran de igual modo mientras no se demuestre lo contrario. Se dirige la vista hacia un modelo como el alemán, donde se reparten algunas instituciones federales, no de los Lander. Tras tantas cesiones de inmuebles y competencias a la Generalitat que ahora se ha vuelto rupturista y nunca lo había sido, la presencia de España como administración en Cataluña es sobre todo policial, militar o judicial.
Acto del 35 aniversario de la fundación de la Academia de Suboficiales de Talarn (Flickr / Jordi Rubio)
Policía Nacional
Como en el resto del país, en Cataluña son los ministerios de Interior, Fomento y Defensa los que más inmuebles poseen. La cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz tiene 59 en la provincia de Barcelona, muchos de ellos correspondientes a comisarías de la Policía Nacional (27) y otros más variopintos como un aeródromo en Calaf-Sallavinera, por ejemplo. El Ministerio de Fomento tiene 32, la gran mayoría terrenos o espacios relacionados con los aeropuertos y el Puerto de Barcelona. De igual modo, Empleo cuenta con 44, especialmente edificios cedidos a los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras.
Por poner un ejemplo, la provincia de Valencia, con 2,5 millones de habitantes, tiene 90 inmuebles más que Barcelona hasta llegar a un total de 281. El valor total de los inmuebles del Estado está aún por calcular, aunque muchos de estos edificios están puestos a la venta para ser comprados por particulares.
Después de Madrid, las provincias que más presencia estatal en inmuebles tienen son Cáceres (400), Cádiz (363), Badajoz (359), Toledo (345), Coruña, (330), Valladolid (328), Zaragoza (319), León (318) y Baleares (303),
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